En una decisión clave para el rumbo institucional del país, la Corte Constitucional declaró exequible de forma parcial el estado de conmoción interior decretado por el presidente Gustavo Petro en la región del Catatumbo. La mayoría de seis magistrados contra tres aprobó la medida, válida solo para enfrentar la emergencia humanitaria causada por la violencia entre grupos armados ilegales.
El alto tribunal estableció que el Decreto Legislativo 62 del 24 de enero de 2025 es constitucional exclusivamente en lo relacionado con la intensificación de los enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las Farc. También lo es frente a las consecuencias directas como desplazamientos, homicidios y confinamientos de la población civil.
En contraste, la Corte tumbó los argumentos del Gobierno para extender la medida a problemas históricos como los cultivos ilícitos, el déficit de infraestructura o las carencias sociales estructurales. Según la sentencia C-148 de 2025, estos temas requieren soluciones legislativas de largo plazo.
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La ponencia inicial de la magistrada Paola Meneses, que proponía declarar inconstitucional todo el decreto, fue rechazada. En su lugar, primó la tesis intermedia liderada por las magistradas Cristina Pardo y Natalia Ángel. Esta limitación fue respaldada por Juan Carlos Cortés, Diana Fajardo, Vladimir Fernández y Miguel Polo.
Los magistrados que salvaron su voto argumentaron que el Gobierno no agotó mecanismos legales ordinarios antes de declarar el estado de excepción. “El Ejecutivo usó la conmoción para asuntos estructurales que deben resolverse con el Congreso”, advirtieron en su salvamento.
Impacto en medidas económicas y sociales
Mientras congresistas del Pacto Histórico y el Partido Verde valoraron el fallo como un reconocimiento a la gravedad de la crisis, otros lo ven como un llamado de atención. “Aún con la declaratoria parcial, el Gobierno tiene herramientas ordinarias que debe usar”, dijo Hernán Cadavid del Centro Democrático.
Katherine Miranda, del Partido Verde, criticó duramente la medida. Aseguró que la conmoción fue usada para implementar artículos de la reforma tributaria que el Congreso había rechazado. Para Carlos Fernando Motoa, del Cambio Radical, la medida “no trajo ningún beneficio real ni fortaleció a la fuerza pública”. También alertó sobre una creciente influencia del Gobierno en la Corte.
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Con más de 80 mil personas afectadas por la violencia y conmoción en el Catatumbo, la Corte ha trazado un límite claro y es que las medidas extraordinarias solo valen para situaciones extraordinarias. Ahora, el balón está en el campo del Ejecutivo, que deberá responder con acciones concretas y dentro del marco legal ordinario.
