Lo que comenzó como una operación exitosa contra el lavado de activos, terminó convertido en un caso lleno de sombras y preguntas sin respuesta. En diciembre de 2019, las autoridades allanaron el criadero de caballos Nuevo Amanecer, en Tenjo (Cundinamarca), propiedad de Carlos Felipe Toro, alias “Pipe Montoya”, exintegrante del extinto Cartel del Norte del Valle. El operativo dejó como resultado la incautación de bienes valorados en más de un billón de pesos, incluyendo lingotes de oro, obras de arte, relojes de alta gama, caballos de paso fino y vehículos de lujo, esto se dio a conocer mediante una investigación de Vorágine.
Sin embargo, años después, lo que parecía un golpe contundente al crimen organizado se convirtió en un ejemplo de descontrol institucional. En 2022, cuando funcionarios de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) acudieron a recibir formalmente algunos de esos bienes 10 lingotes de oro y 69 relojes, descubrieron que la caja fuerte donde debían estar estaba vacía. Lo más grave; los objetos ya habían sido custodiados por la propia SAE.
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La historia tomó un giro aún más desconcertante cuando un análisis de laboratorio reveló que los supuestos lingotes de oro entregados en 2020 no eran más que piezas metálicas sin valor, mientras varios relojes resultaron ser falsificaciones. Se estima que el valor total de estos artículos no superaba los mil millones deI pesos, muy por debajo de lo esperado.
Investigación penal a funcionarios y exfuncionarios de la SAE
El caso ha derivado en una investigación penal por peculado, con un primer señalado: Juan Carlos Vargas, exdepositario de la SAE, quien ha sido imputado aunque niega las acusaciones. Pero la responsabilidad podría ir más allá. La Fiscalía, la Dijín y altos funcionarios de la SAE están bajo investigación por posibles omisiones y participación en el cambio de los objetos originales por réplicas.
A esta trama se suman indicios de falsificación documental. Interceptaciones clave de la investigación contra Montoya fueron alteradas, y un análisis grafológico concluyó que firmas de funcionarios de la Dijín habrían sido falsificadas. La entonces vicefiscal Martha Mancera denunció el hecho, lo que puso aún más presión sobre las entidades implicadas.
Los bienes confiscados a “Pipe Montoya” no solo incluían objetos de lujo. También estaban los preciados caballos de paso fino que, en teoría, iban a mantenerse como parte del proceso de extinción de dominio. Sin embargo, según un informe interno de la SAE, la falta de rentabilidad del criadero obligó a venderlos por valores muy por debajo del mercado, diluyendo aún más el impacto del operativo inicial.
El caso ha sido expuesto por el medio independiente Vorágine, y pone sobre la mesa el fracaso de los mecanismos de control sobre los bienes incautados al crimen organizado. Más allá de un hecho aislado, se trata de una señal preocupante sobre las debilidades institucionales en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico en Colombia.
