El panorama del sistema de salud en Colombia sigue siendo incierto, mientras el Gobierno insiste en que la única ruta viable para superar su deterioro es la reforma que se tramita en el Congreso. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, lanzó nuevamente una advertencia: las Entidades Promotoras de Salud (EPS) están en estado crítico, y el Estado debe actuar para evitar su colapso definitivo.
Durante su intervención en el Senado el pasado 14 de mayo, el ministro afirmó que las EPS están “en cuidados intensivos” y que su eventual liquidación llevaría al derrumbe del sistema. “Las tenemos en cuidados intensivos para que llegue la reforma, podamos rescatarlas, y se paguen todas las deudas”, puntualizó Jaramillo, reiterando que el proyecto radicado en el Congreso no busca eliminar de inmediato estas entidades, sino reestructurar el sistema para hacerlo sostenible.

De acuerdo el ministro, el sistema de salud acumula deudas por más de 25 billones de pesos, y ninguna EPS cuenta actualmente con capital, reservas ni patrimonio suficientes. Por ello, defendió que sea el Estado el que asuma esas obligaciones y garantice la continuidad de los servicios mientras se implementa la transformación estructural.
¿Estrategia del Gobierno para presionar la aprobación de la reforma?
El Gobierno ha sido cuestionado por sectores que ven en esta narrativa una estrategia para presionar la aprobación de la reforma. Sin embargo, Jaramillo rechaza esa interpretación: “No se trata de una jugada política. Si liquidamos ahora las EPS, el sistema se cae. Necesitamos la reforma para salvarlo”.
Frente a las críticas, como las de la presidenta de Acemi, Ana María Vesga, quien consideró “desafortunadas” las declaraciones del ministro, Jaramillo insistió en que la reforma es necesaria y urgente. Vesga, por su parte, denunció falta de información y diálogo técnico por parte del Ministerio, y advirtió que prometer una solución inmediata es “más que ingenuo”.
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También se pronunciaron representantes de las IPS, como Jorge Toro, quien advirtió que “el sistema completo está en cuidados intensivos”, y urgió una respuesta técnica, más allá del debate político.
En paralelo, el Ministerio de Salud alista dos decretos que modificarían el funcionamiento de las EPS, las cuales no desaparecerían, pero cambiarían su enfoque hacia la prevención y la atención directa al usuario.
Mientras se avanza o no en el Congreso, la crisis del sistema sigue latente y el pulso entre el Ejecutivo y los distintos actores del sector se intensifica. El desenlace dependerá de si el proyecto de reforma logra los consensos necesarios o si, como temen algunos, el paciente termina sin tratamiento.