El Ministerio de Defensa se enfrenta a un nuevo cuestionamiento público. Esta vez, por el presunto uso de aviones oficiales para transportar influencers afines al Gobierno nacional. La denuncia fue presentada por el representante a la Cámara Hernán Cadavid, del partido Centro Democrático, quien exige respuestas claras sobre este polémico traslado.
Según Cadavid, los pasajeros no eran periodistas ni funcionarios. Se trataba de influencers vinculados a la promoción de la imagen del presidente Gustavo Petro. El legislador señala que algunos de estos influenciadores han participado activamente en campañas digitales contra sectores de oposición y medios críticos del Ejecutivo.
“Le hemos preguntado al Ministerio de Defensa por qué personas dedicadas a la promoción y propaganda política de Petro, que no son medios de comunicación, utilizan aviones pagados con recursos de los colombianos”, escribió Cadavid en su cuenta de X. La declaración encendió la discusión sobre el uso de bienes públicos para fines que podrían considerarse políticos o proselitistas.
Derecho de petición y exigencia de transparencia
El congresista envió un derecho de petición al ministro de Defensa, Iván Velásquez, y al director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana. Allí solicita que se aclare bajo qué figura institucional se autorizó el viaje de los influenciadores. También pregunta si existe un protocolo para el uso de aeronaves oficiales por parte de civiles que no cumplen funciones dentro del Estado.
Cadavid enfatiza que estas personas no cumplen tareas periodísticas ni institucionales. Por el contrario, acusa que algunas han utilizado sus plataformas para difundir contenidos con tintes difamatorios. En particular, afirma que han promovido campañas de desprestigio contra líderes de oposición y periodistas independientes.
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En su denuncia, el representante recordó las movilizaciones sociales recientes. “No puede ser que antes quemaban a los policías en las calles y ahora usan sus aviones”, expresó, subrayando lo que considera una contradicción en el manejo de los recursos de la fuerza pública.
Ante la gravedad del caso, Cadavid advirtió que podría escalar la denuncia a órganos de control. Mencionó específicamente a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría. Señaló que espera una respuesta institucional contundente. De no obtenerla, tomará medidas legales que podrían desencadenar sanciones administrativas.
