El caso estremeció a Bogotá el 21 de enero de 2025. En horas de la mañana, hombres armados ingresaron a una vivienda del barrio Castilla. Allí se encontraba Lenis Paola Martínez, trabajadora de la Rama Judicial, junto a sus dos hijos. Fue secuestrada con violencia y llevada a la fuerza por su expareja, Duván Ardila, hasta un apartamento en Suba. La familia vivió horas de angustia. Hoy, el temor vuelve, puesto que su agresor podría quedar libre.
Las investigaciones revelaron que Lenis ya había denunciado a Ardila su expareja por amenazas. Incluso, pesaba sobre él una orden de alejamiento. Nada de eso impidió que ejecutara su plan. Dos días antes del secuestro, alquiló un inmueble en Suba. Allí retuvo a la mujer durante más de 10 horas. Fue golpeada, amenazada con líquidos inflamables y amordazada.
Mientras tanto, en la casa de Castilla, las autoridades hallaron a sus hijos atados y en estado de shock. El operativo de rescate se logró tras casi 14 horas de incertidumbre. Ardila fue capturado ese mismo día y enviado a prisión preventiva. Pero hoy, cuatro meses después, su posible liberación revive el miedo.
Clamor por protección
El motivo de todo es el vencimiento de términos, puesto que el proceso judicial ha sido lento. El abogado de la víctima, Camilo Rojas, ha solicitado a la Fiscalía que radique la acusación ante un juez especializado. No ha habido respuesta. Si los términos procesales expiran sin una acusación formal, Ardila quedaría libre.
La familia cuestiona con fuerza la inoperancia del sistema. “No entiendo por qué las víctimas tenemos que pasar por todo esto”, dijo Lenis a Noticias RCN. “Nos tiene angustiados. Tengo miedo por mí, por mis hijos. Toda mi familia corre peligro”, expresó entre lágrimas.
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Lina Martínez, hermana de la víctima, denunció que antes del secuestro se alertó varias veces a las autoridades. “Ella había recibido amenazas claras y directas”, recordó. Las advertencias fueron ignoradas y hoy temen que la historia se repita.
Lenis, marcada por el trauma, exige garantías reales. No quiere ser una estadística más y su caso pone en evidencia una grave falla estructural: la justicia que llega tarde y permite que los agresores regresen a las calles.
