En medio de las movilizaciones convocadas en todo el país en respaldo a la consulta popular y las reformas sociales del Gobierno, el presidente Gustavo Petro utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje contundente a empleadores públicos y privados: “No se puede despedir ni agredir trabajadores que deseen luchar por sus derechos constitucionales. El derecho a la protesta se respeta en la Colombia democrática”.
El pronunciamiento se suma a la circular emitida por el Ministerio de Trabajo, liderado por Antonio Sanguino, en la que se recuerda que la participación de los trabajadores en protestas no puede ser motivo de sanciones laborales ni descuentos salariales, siempre que se respeten los marcos legales y contractuales vigentes.
Miles de personas han salido a las calles para expresar su apoyo a las reformas laboral, pensional y de salud impulsadas por el Gobierno Nacional, generando dudas en el sector empresarial sobre cómo proceder ante las ausencias laborales de sus empleados.
El derecho a la protesta está consagrado en la Constitución Política
Si bien el derecho a la protesta está consagrado en la Constitución Política, expertos advierten que no exime automáticamente a los trabajadores de sus responsabilidades contractuales. Según el Código Sustantivo del Trabajo, las faltas injustificadas podrían conllevar sanciones como amonestaciones, suspensiones o incluso despidos sin indemnización, siempre que se respete el debido proceso.
No obstante, en contextos de fuerza mayor como bloqueos viales o restricciones de transporte, los trabajadores pueden presentar pruebas que respalden su ausencia o retraso. El Ministerio de Trabajo recomienda a los empleadores analizar caso por caso y actuar bajo el principio de buena fe.
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En caso de conflicto, los empleados cuentan con vías legales como la denuncia ante el Ministerio de Trabajo, el Comité de Convivencia o incluso acciones judiciales si consideran que sus derechos han sido vulnerados.
El Gobierno ha insistido en que estas movilizaciones no deben ser criminalizadas y que la defensa de los derechos fundamentales, como la protesta, es parte esencial de una democracia saludable. Así, la Casa de Nariño busca establecer un equilibrio entre la libertad de expresión y el respeto a los deberes laborales.
