En un intento por enfrentar una de las problemáticas más graves del sistema penitenciario colombiano, se firmó un acuerdo para trasladar a más de 1.400 personas condenadas que hoy permanecen en Centros de Detención Transitoria (CDT). La decisión busca reducir el hacinamiento, que actualmente supera el 116% en estas cárceles, diseñados inicialmente para detenciones breves.
La iniciativa surge tras reiteradas alertas de organismos judiciales y de control sobre la crítica situación de los CDT, especialmente aquellos ubicados en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía.
Desde 2022, la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucionales (ECI) en cárceles y centros de detención temporal del país. La Corte advirtió entonces que las condiciones de reclusión vulneran sistemáticamente los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Pese a múltiples llamados y planes, las medidas ordenadas han sido insuficientes. El incumplimiento ha sido reiterado y la crisis, lejos de ceder, se ha agudizado.
Las cifras que confirman la emergencia
De acuerdo con cifras de la Procuraduría General de la Nación, actualmente hay 20.940 personas privadas de la libertad en CDT. Sin embargo, la capacidad instalada en estos lugares apenas alcanza los 9.681 cupos. Esto representa un hacinamiento del 116%. Más preocupante aún, puesto que 1.424 de estos detenidos ya tienen una condena judicial en firme. Es decir, no deberían estar allí. Además, 193 de ellos llevan más de 690 días detenidos sin que se haya resuelto su traslado a un centro penitenciario formal.
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El acuerdo fue suscrito por la Policía Nacional, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia. Estas entidades pondrán en marcha un mecanismo interinstitucional para agilizar los traslados. El plan incluye la creación de un cronograma conjunto que abarcará temas logísticos, operativos y de seguridad. También contempla un sistema de seguimiento y verificación del cumplimiento.
Aunque este acuerdo representa un avance, expertos advierten que se trata solo de una medida paliativa. Mientras no se reforme estructuralmente el sistema carcelario colombiano, el hacinamiento persistirá.
