Tras el atentado que dejó gravemente herido al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) emitió una contundente declaración pública. La entidad no solo expresó su condena frente al hecho violento ocurrido en Bogotá, sino que también centró su pronunciamiento en un aspecto que ha generado preocupación: la presunta participación de un adolescente en el ataque.
En su comunicado oficial, el ICBF recordó que los niños, niñas y adolescentes deben ser protegidos de cualquier tipo de manipulación o instrumentalización. El uso de menores por parte de estructuras violentas representa, según la entidad, una de las formas más graves de vulneración de derechos en Colombia. “En todos está la responsabilidad de proteger a nuestros niños y niñas”, manifestó una fuente del organismo.
El Instituto activó los protocolos del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA). Esto incluye no solo el acompañamiento judicial, sino también el restablecimiento de derechos. El objetivo, según la directora del ICBF, es que el joven implicado reciba atención integral, garantizando su proceso legal y, sobre todo, su dignidad como sujeto de derechos.
Llamado a proteger la identidad y prevenir futuros reclutamientos
Además de activar los mecanismos institucionales, el ICBF hizo un llamado urgente a medios de comunicación y usuarios de redes sociales. Solicitó abstenerse de divulgar cualquier información que pueda identificar al menor, tal como lo estipula la Ley de Infancia y Adolescencia. La difusión de datos personales en estos casos, advirtió la entidad, puede poner en riesgo la integridad del joven e interferir en su proceso de protección.
El organismo también apeló a la corresponsabilidad entre Estado, sociedad y familia. La protección de los menores frente a cualquier forma de explotación debe ser prioridad nacional. “Lo ocurrido con este adolescente evidencia que hay redes delictivas capaces de reclutar a menores como herramientas desechables de violencia”, señaló el comunicado.
Según lo establecido en la Constitución colombiana, los niños y adolescentes gozan de protección especial reforzada. Esto implica que incluso en casos en los que se les atribuye una conducta punible, su proceso debe garantizar un enfoque restaurativo y respetuoso de su desarrollo como personas.
El mensaje de fondo: no más menores usados como armas
El atentado contra Miguel Uribe ha estremecido al país, pero el hecho de que uno de los presuntos implicados sea un adolescente abre otra herida, la de la niñez capturada por el crimen. El ICBF dejó claro que su intervención en este caso no es para justificar un delito, sino para garantizar que el país no normalice la utilización de menores como carne de cañón.
La entidad insistió en que se deben redoblar los esfuerzos para frenar cualquier forma de reclutamiento infantil, ya sea por parte de grupos armados ilegales, pandillas urbanas o bandas delictivas. También pidió fortalecer los entornos seguros y el acceso a oportunidades reales para los jóvenes más vulnerables.
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Mientras tanto, el menor permanece bajo custodia y en atención médica. El proceso judicial avanza, y con él, una reflexión más profunda sobre cómo la violencia sigue arrebatando la infancia en Colombia, incluso en pleno centro de la capital.
