Mientras el país debate sobre inflación, desigualdad y gasto público, en la Casa de Nariño se firmó un decreto que actualiza los salarios del presidente, la vicepresidenta y otros altos funcionarios. La medida, que pasaría desapercibida en otro momento, se convierte hoy en un dato clave en medio de la tensión social y política del país.
El decreto 0610 fue rubricado por el presidente Gustavo Petro, acompañado de sus ministros de Hacienda y Trabajo, además de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia. Allí se establece cuánto ganarán en 2025 los funcionarios de ese organismo, incluidos los más altos cargos del Ejecutivo.
La decisión se tomó tras negociaciones con sindicatos del sector público, quienes acordaron que los aumentos salariales para el próximo año se basarán en la inflación registrada durante 2024, más un 1,8% adicional. Teniendo en cuenta que el Índice de Precios al Consumidor cerró en 5,2%, el ajuste final quedó en un 7% para los funcionarios de la Presidencia.
Los ingresos del presidente superan los $53 millones
Pero más allá de los porcentajes, lo que más llamó la atención fue la revelación de cuánto gana exactamente el presidente de la República. Aunque por ley su salario básico debe estar al nivel del de un congresista, Petro recibe ingresos adicionales que lo ubican por encima de ellos.
Actualmente, su ingreso mensual combina varias partidas: una asignación básica que ronda los $11 millones, una bonificación por servicios cercana a los $18,5 millones, y una prima de servicio que supera los $27 millones. Pero lo más sustancial proviene de sus gastos de representación, que alcanzan más de $41 millones al mes. En total, su salario ya bordea los $53 millones, y con el incremento del 7%, será aún mayor en los meses que vienen.
Este esquema, que no fue creado por el actual gobierno, ha generado controversia en distintos momentos por las diferencias abismales que presenta frente al salario mínimo. Sin embargo, sigue vigente y se aplica a todos los mandatarios por igual.
Francia Márquez: entre primas y representación, su sueldo se acerca a los $38 millones
La vicepresidenta Francia Márquez también entra en la lista de beneficiarios del nuevo decreto. Su salario se compone de una asignación básica de poco más de $10,5 millones, gastos de representación cercanos a los $20 millones y una prima de dirección que supera los $9 millones. Esos tres componentes suman más de $38 millones, sin incluir otros ingresos adicionales que la Presidencia ha reportado.
Según cálculos internos del Gobierno, las bonificaciones acumuladas que recibe Márquez podrían llevar su ingreso mensual a una cifra que ronda los $60 millones, aunque el valor exacto varía según los meses y los pagos adicionales que se liquiden.
Este ajuste, como el del presidente, también aplica de forma retroactiva desde el 1 de enero, lo cual implica pagos acumulados que se sumarán al próximo sueldo de ambos.
Un tema sensible en medio de tensiones económicas
La publicación del decreto llega en un momento complejo para el país, donde la ciudadanía está más atenta que nunca al manejo de los recursos públicos. El costo de vida sigue siendo una preocupación diaria para millones de colombianos, y decisiones como estas generan reacciones divididas.
Desde el Gobierno insisten en que este tipo de reajustes no son arbitrarios, sino producto de procesos legales y concertaciones sindicales. Aseguran, además, que los beneficios no solo cobijan a los altos funcionarios, sino a toda la planta de empleados públicos de la Presidencia, muchos de los cuales tienen sueldos modestos.
Aun así, la brecha entre el salario mínimo, que apenas supera el millón de pesos mensuales, y lo que recibe la cúpula del poder sigue siendo un tema incómodo. En redes sociales y medios de comunicación, ya empiezan a escucharse críticas sobre la proporcionalidad y el sentido ético de estos incrementos.
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En plena preparación para un año político decisivo, este tema podría escalar en el debate público y convertirse en munición para sectores opositores que cuestionan la gestión del Ejecutivo en materia de austeridad.
