Una nueva denuncia del expresidente Álvaro Uribe vuelve a sacudir el panorama político colombiano. Esta vez, el exmandatario aseguró que fuentes internacionales de inteligencia le advirtieron sobre un posible atentado en su contra. El anuncio, que hizo público a través de sus redes sociales, no solo despertó inquietudes sobre su seguridad personal, sino que también abrió una fuerte crítica al Gobierno del presidente Gustavo Petro por su reacción frente a la violencia que ha golpeado recientemente a miembros de la oposición.
Uribe no se guardó nada. En su mensaje hizo referencia directa al atentado que sufrió el senador Miguel Uribe Turbay el pasado fin de semana, mientras se encontraba en un acto público en Bogotá. La agresión contra el congresista, también del partido Centro Democrático, desató preocupación en varios sectores. Sin embargo, para el expresidente, la respuesta del Gobierno ha sido tibia, insuficiente y desviada hacia temas que poco alivian la gravedad del hecho.
“Mientras Miguel se debate por la vida, el gobierno habla de otros temas. Desde su seno nos invitan a buscar acuerdos para prevenir nuevas masacres”, escribió en su cuenta oficial. También aprovechó para revelar que ha recibido información confidencial desde el exterior que indicaría la preparación de un nuevo atentado en su contra. Aunque no se conocen detalles de la fuente ni de la amenaza, su mensaje fue claro: se siente bajo riesgo y desprotegido por el Estado.
Rechazo a los espacios de concertación convocados desde Casa de Nariño
Ante el atentado contra Miguel Uribe, el Gobierno nacional reaccionó convocando a una reunión con los diferentes partidos políticos para buscar mecanismos que frenen la violencia. El encuentro, que se planteó como un espacio de unidad y construcción colectiva, fue rápidamente desestimado por el Centro Democrático. Según la colectividad, no existen las condiciones de confianza necesarias para sentarse con un Ejecutivo que, a su juicio, no garantiza la protección de la oposición.
Uribe fue uno de los primeros en marcar distancia. Su rechazo no fue solo político, también emocional. En su publicación, se notó un tono de desilusión frente al manejo que el gobierno ha dado a este tipo de hechos. Para él, no se trata de simples desencuentros partidistas. Se trata, dijo, de la vida de quienes piensan diferente al Gobierno actual.
Desde el Gobierno, en cambio, el llamado a la unidad sigue firme. Voceros del Ejecutivo han insistido en que es momento de desescalar la confrontación y construir acuerdos sobre lo fundamental. Sin embargo, esa intención no ha sido suficiente para disipar el malestar del uribismo. La decisión de no asistir a la mesa de concertación no solo refleja desconfianza. También expone la fractura cada vez más visible entre gobierno y oposición, incluso en momentos donde debería primar el consenso frente a la violencia.
Violencia política revive temores y debilita los puentes institucionales
Este nuevo capítulo revive viejos temores que han marcado la historia política del país. Las amenazas, reales o anunciadas, contra figuras públicas no solo afectan a quienes las reciben. También golpean la confianza ciudadana en las instituciones. Y más aún, cuando el discurso de quienes denuncian se enfrenta al silencio o la pasividad de quienes deberían garantizar la seguridad. En este caso, la tensión entre Uribe y Petro reaviva una rivalidad que parece no tener tregua.
La falta de resultados visibles frente a los ataques contra líderes de la oposición, sumada a la creciente polarización del discurso político, hacen que la situación actual se sienta frágil. El temor no es solo por la seguridad de una persona, sino por lo que podría significar para la democracia colombiana que sigan aumentando los episodios violentos sin una respuesta efectiva por parte del Estado.
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Por ahora, el expresidente Uribe insiste en que su vida está en riesgo y que no se quedará callado ante lo que considera una amenaza real. El Gobierno, mientras tanto, enfrenta el reto de demostrar que puede proteger a todos los actores políticos sin distinción. Y el país, una vez más, queda atrapado entre acusaciones, desconfianza y una sensación de inseguridad que crece con cada atentado, con cada denuncia y con cada silencio.
