La Justicia Penal Militar abrió una investigación formal para esclarecer el papel que pudieron haber tenido integrantes de la Policía Nacional en el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en el occidente de Bogotá. El procedimiento se adelanta luego de que surgieran sospechas sobre la posible omisión o actuación irregular de uniformados asignados a su esquema de seguridad y de quienes participaron en la detención del presunto agresor.
El caso fue asumido por esta jurisdicción debido a la competencia que le otorgan los hechos: la posible participación de funcionarios activos en un ataque que dejó gravemente herido al congresista, quien en ese momento ofrecía un discurso en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón.
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La Fiscalía 2440 Penal Militar y Policial de Conocimiento está a cargo de las diligencias y ya coordina la recopilación de evidencias, entre ellas declaraciones de los policías implicados, análisis de videos, y detalles sobre la captura del atacante, un menor de edad que, según se ha revelado, pertenecía al programa gubernamental “Jóvenes en Paz”.
Desaparición del celular del agresor aspecto clave en la investigación
Uno de los aspectos clave que se investiga es la desaparición del teléfono celular del agresor, un elemento que podría contener información relevante sobre los motivos del atentado. En varios videos se ve al joven usando el dispositivo, pero este no fue incautado durante su captura, lo que ha levantado interrogantes sobre fallos operativos y posible encubrimiento.
Además de esta investigación, la Fiscalía General de la Nación citó a declarar a los miembros del esquema de seguridad del senador Uribe Turbay y al director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, para determinar si existieron brechas de seguridad o negligencia institucional.
El atentado, en el que el congresista recibió al menos dos impactos de bala en la cabeza, ha tenido profundas repercusiones políticas. Uribe Turbay había confirmado su intención de aspirar nuevamente a la Presidencia, y el hecho ha intensificado la polarización entre el Gobierno y la oposición. Varios sectores acusan al Ejecutivo de generar un ambiente hostil que habría derivado en este tipo de actos violentos.
Mientras tanto, el país sigue atento al estado de salud del senador y a los avances de las investigaciones, que podrían tener implicaciones significativas en la confianza ciudadana frente a las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y la justicia.
