En medio del revuelo generado por el polémico decreto presidencial que convoca una consulta popular tras el fracaso de las reformas sociales en el Congreso, ha salido a la luz un detalle que ha encendido aún más el debate: cuatro ministros en propiedad del gobierno de Gustavo Petro no firmaron el documento.
Se trata del Decreto 0639 del 11 de junio de 2025, firmado por el presidente en un acto que ha sido tildado de “decretazo” por sectores de la oposición. El texto, con el que se busca consultar directamente al pueblo sobre reformas clave, fue avalado por buena parte del gabinete, pero no contó con las firmas de la canciller Laura Sarabia, el ministro de Justicia designado Eduardo Montealegre, la ministra de Ambiente Lena Estrada y el titular de Minas y Energía, Edwin Palma. En su lugar, firmaron viceministros o funcionarios encargados.
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Aunque Petro había advertido en el pasado que “el ministro que no firme el decreto presidencial de inmediato se va”, las razones para la ausencia de firmas parecen estar ligadas, en la mayoría de los casos, a compromisos internacionales o de agenda. Sarabia se encontraba en Bruselas en un encuentro diplomático; Estrada, en Francia participando en una cumbre ambiental; y Palma, en misión oficial fuera del país. Montealegre, por su parte, no ha sido aún posesionado en el cargo.
La oposición acusa al Gobierno Nacional de pretender saltarse las reglas de la democracia
Sin embargo, las explicaciones no convencen del todo a la oposición, que ya ha anunciado acciones legales contra el presidente y sus ministros por lo que consideran una vulneración de la Constitución. Acusan al Gobierno de pretender saltarse las reglas del juego democrático al convocar una consulta popular sin aprobación del Congreso, una medida que podría enfrentar una batalla legal en las altas cortes.
Ahora la decisión sobre si el decreto tendrá efecto recae en el registrador Hernán Penagos, quien deberá determinar si procede con la organización de la jornada electoral o si, por el contrario, espera el pronunciamiento del Consejo de Estado, que ya analiza varias demandas de nulidad.
El caso también ha generado divisiones dentro del propio gabinete, especialmente en torno a la figura de Edwin Palma, quien días antes había anunciado públicamente su respaldo al decreto. Su falta de firma, atribuida a una ausencia física, ha sido vista con escepticismo por algunos sectores.
En medio de un clima político cada vez más tenso, el decreto de Petro no solo enfrenta el juicio de las cortes, sino también el escrutinio de una ciudadanía que observa con atención cómo el Ejecutivo busca mantener viva su agenda de reformas por vías extraordinarias.
