En el marco de un Consejo Extraordinario de Seguridad celebrado en Cali, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reconoció que el Gobierno no logró anticiparse por completo a la reciente oleada de violencia que sacudió al suroccidente del país. “El 72% de los intentos terroristas se lograron neutralizar, pero no pudimos evitar la totalidad de los ataques”, afirmó el funcionario al referirse a los atentados ocurridos en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca.
Los hechos violentos, perpetrados por grupos armados ilegales que operan en la región, dejaron un saldo de ocho personas fallecidas y 62 heridas, 29 de ellas de gravedad. Sánchez explicó que los criminales usan vehículos y motocicletas para desplazarse, lo que complica su detección y neutralización.
También puede leer: El presidente Petro toma decisiones clave desde Cali
Ante este panorama, el Gobierno Nacional anunció la implementación de un nuevo paquete de medidas para fortalecer la seguridad, entre las que destaca la creación de un Bloque de Búsqueda, compuesto por personal especializado del Ejército y la Policía. Esta unidad de élite tendrá como objetivo la desarticulación de las redes logísticas de estructuras como ‘Jaime Martínez’, ‘Dagoberto Ramos’ y ‘Carlos Patiño’.
Recompensa de 1.000 millones por alias ‘Marlon’
A la par, se activará la Estrategia Coraza, diseñada para debilitar a las disidencias de las FARC que delinquen en el sur del Valle y el norte del Cauca. Dentro de esta ofensiva, el ministro ofreció una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por alias ‘Marlon’, señalado cabecilla de una estructura armada y principal reclutador de menores en la zona.
El anuncio incluyó también el despliegue de 400 soldados adicionales y la reactivación de 12 corredores antiterroristas en Cali. Según el alcalde Alejandro Eder, estas rutas ya habían sido usadas en esquemas de seguridad anteriores y ahora serán reforzadas con más de 800 nuevos uniformados que llegarán en los próximos meses.
Por su parte, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, hizo énfasis en la necesidad de una acción coordinada entre los departamentos del Valle, Cauca y Nariño. La mandataria propuso un enfoque integral que combine la ofensiva militar con inversión social y sustitución de cultivos ilícitos, en regiones como la zona alta de Jamundí, una de las más afectadas por la violencia.
“El narcotráfico es la gasolina de la guerra en esta región, y si no enfrentamos el problema estructural, los operativos no serán sostenibles”, advirtió Toro.
Con esta batería de medidas, el Gobierno busca frenar la escalada armada en un territorio clave para el control del narcotráfico y la minería ilegal, y devolverle la tranquilidad a miles de familias que hoy viven bajo amenaza.
