El presidente Gustavo Petro rectificó una declaración publicada el 2 de enero de 2025, en la que había señalado a Enrique Vargas Lleras por supuestos actos irregulares relacionados con la administración de la Nueva EPS. La rectificación se dio tras un fallo del Consejo de Estado, fechado el 14 de mayo y notificado dos días después, en el que se concluyó que el mandatario vulneró los derechos fundamentales al buen nombre y la honra del hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras.
En cumplimiento de la decisión judicial, Petro aclaró que su mensaje fue una réplica a otro actor político y no tenía intención de atribuir responsabilidad penal al señor Vargas Lleras. Afirmó que su crítica iba dirigida al modelo de gestión de algunas EPS, al que responsabilizó por la crisis estructural del sistema de salud, sin señalar directamente decisiones relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) por parte del Ministerio de Salud.
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Aclaración sobre Nueva EPS y referencia a investigación abierta
Petro precisó que mencionó a Enrique Vargas Lleras por su pertenencia a la Junta Directiva de la Nueva EPS entre 2013 y 2023, sin afirmar que él o su familia fueran accionistas de la entidad. Aunque sí mencionó que existe una investigación abierta por parte de la Fiscalía, advirtió que no hay condenas penales en contra del hermano del exvicepresidente, ni elementos concluyentes que sustenten una acusación directa.
La investigación de la Fiscalía surge de hallazgos del Ministerio de Salud sobre presuntos pasivos ocultos por $5,5 billones. No obstante, el fallo del Consejo de Estado recordó que una denuncia penal no equivale a una sentencia, y que no hay pruebas específicas que relacionen de manera concreta a Vargas Lleras con conductas delictivas. Según el alto tribunal, el hecho de haber sido parte de la junta directiva no implica responsabilidad penal ni administrativa por decisiones operativas o financieras.
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Consejo de Estado advierte sobre límites en la libertad de expresión presidencial
El Consejo de Estado fue enfático al señalar que las expresiones del jefe de Estado deben ser especialmente cuidadosas cuando se refieren a asuntos de posible connotación penal. El tribunal determinó que el presidente incurrió en una acusación directa sin pruebas verificables y sin el matiz necesario para señalar que se trataba de una opinión o sospecha, lo cual terminó afectando los derechos del ciudadano involucrado.
El fallo advirtió que el poder-deber de comunicación presidencial impone un estándar elevado de veracidad, objetividad y responsabilidad. En consecuencia, aunque Petro ya atendió el requerimiento judicial, el caso reabre el debate sobre los límites del discurso político desde las altas esferas del poder y la importancia de preservar la dignidad de los individuos en medio de discusiones públicas sobre corrupción o mala gestión.
