En una votación dividida pero decisiva, el Senado de la República dio luz verde a una propuesta que transforma la naturaleza del contrato de aprendizaje del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), convirtiéndolo en un contrato laboral especial. Esta medida se inscribe dentro del articulado de la reforma laboral que promueve el Gobierno del presidente Gustavo Petro, la cual aún debe superar varios pasos legislativos antes de convertirse en ley.
Con 49 votos a favor y 43 en contra, se aprobó una proposición supresiva que elimina el parágrafo tercero del artículo 23 del proyecto, abriendo paso a una nueva reglamentación que otorga mayores garantías a los aprendices del SENA. De acuerdo con el nuevo texto, durante la etapa lectiva los jóvenes deberán estar afiliados al sistema de salud y riesgos laborales, y en la fase práctica se sumarían al sistema integral de pensiones, bajo las condiciones de un trabajador dependiente.
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Este cambio implica que los patrocinadores de aprendices asumirán ahora las obligaciones propias de un empleador: pago de aportes, afiliación a seguridad social y reconocimiento de prestaciones. Además, la relación de aprendizaje podrá extenderse hasta por tres años, alejándose del modelo actual, que distingue entre el carácter formativo del aprendizaje y los derechos laborales tradicionales.
El debate legislativo entra en etapa crítica
A pesar del avance, el proyecto de reforma laboral aún enfrenta un camino incierto. Faltan por aprobar siete artículos en la plenaria del Senado, y el Congreso tiene plazo hasta este viernes para votar el articulado completo. Las tensiones entre el Gobierno y algunos sectores del Congreso quedaron en evidencia cuando varios senadores denunciaron la ruptura de un supuesto acuerdo previo para suprimir artículos polémicos, como el que establecía la estabilidad reforzada para trabajadores vulnerables.
El ministro de Trabajo negó la existencia de dicho acuerdo, y desde la bancada del Pacto Histórico insisten en acoger la versión aprobada por la Cámara de Representantes. Sin embargo, la mayoría de los partidos se opone a ese enfoque.
Uno de los puntos que mayor controversia ha generado es la eliminación del artículo que, según algunos legisladores, podría haberse interpretado como una puerta abierta al trabajo por horas. También se cuestionó la eliminación del parágrafo sobre estabilidad laboral, argumentando posibles contradicciones con normas existentes como el artículo 300 del Código Procesal del Trabajo.
