La Procuraduría General de la Nación abrió juicio disciplinario contra Carlos Julián Caicedo Cano, actual asesor del Instituto Nacional de Vías (Invías) y pareja del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por presuntas irregularidades en la compatibilidad legal de sus vínculos contractuales con el Estado. El organismo de control cuestiona si Caicedo vulneró el régimen de inhabilidades e incompatibilidades al haber ocupado simultáneamente dos cargos vinculados a entidades públicas.
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Según el expediente, Caicedo Cano fue nombrado asesor grado 08 del Invías el 24 de enero de 2023, apenas un día después de firmar un contrato de prestación de servicios con la Institución Universitaria Pascual Bravo, en Medellín, que se mantuvo vigente hasta octubre de ese mismo año. La Procuraduría sostiene que, aunque el funcionario habría dejado de ejecutar actividades con la universidad desde febrero, el vínculo legal permaneció activo por varios meses, y recibió pagos por servicios prestados en enero.
Presunta falta gravísima por solapamiento contractual
Para el Ministerio Público, los hechos configuran una posible transgresión a la Ley 80 de 1993, que prohíbe a los servidores públicos mantener contratos con otras entidades del Estado mientras ejercen funciones oficiales, salvo contadas excepciones. La simultaneidad de los vínculos entre el 24 y el 30 de enero de 2023 cuando Caicedo habría actuado como funcionario del Invías y contratista de la universidad es el punto central de la acusación.
El pliego de cargos califica la presunta conducta como una “falta gravísima” cometida con “culpa gravísima”, una de las categorías más severas del régimen disciplinario. La Procuraduría señala que este tipo de actuaciones comprometen principios fundamentales del servicio público como la legalidad, la transparencia y la exclusividad.
El proceso actualmente se encuentra en etapa probatoria, con la recopilación de documentos y testimonios. Una vez concluida esta fase, ambas partes podrán presentar sus alegatos antes de que se dicte un fallo definitivo. Si Caicedo Cano es hallado responsable, podría enfrentarse a sanciones como la suspensión del cargo o la inhabilitación para ejercer funciones públicas.
Aunque su relación con Ricardo Roa no hace parte del proceso disciplinario, el vínculo personal entre ambos ha generado controversia en la opinión pública y ha reavivado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés. La Procuraduría, sin embargo, ha enfocado su investigación exclusivamente en los hechos jurídicamente relevantes vinculados a la contratación estatal.
