La Registraduría Nacional del Estado Civil decidió pausar el avance del proceso de convocatoria a una consulta popular por decreto, ante la creciente controversia jurídica entre el Congreso y el Gobierno Nacional. Hernán Penagos, registrador nacional, explicó que la entidad no continuará con el trámite mientras las altas cortes no se pronuncien sobre la legalidad del decreto presidencial.
Penagos aseguró que la decisión busca garantizar el respeto al orden institucional y a los principios democráticos. Subrayó que no se trata de una postura política, sino de una actuación basada en el deber constitucional de actuar con independencia y rigor jurídico frente a un conflicto de competencias entre el Ejecutivo y el Legislativo.
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Controversia entre el Gobierno y el Senado por el trámite legislativo de la Consulta Popular
La disputa se originó luego de que el Senado negara la convocatoria a consulta popular. No obstante, el Gobierno del presidente Gustavo Petro insiste en que el procedimiento legislativo fue irregular. Según la Casa de Nariño, la votación no siguió el camino establecido: no se votó a través de proposición, no hubo suficiente tiempo para el debate y se cuestiona un cambio en el sentido del voto de un congresista.
El registrador Penagos admitió que se enfrentan a una controversia jurídica de gran magnitud. Por un lado, el Senado sostiene que el proceso fue rechazado conforme a la ley; por otro, el Gobierno considera que las condiciones no fueron las adecuadas y busca sostener la consulta vía decreto. Frente a esta disputa, Penagos concluyó que deben ser los jueces los encargados de zanjar el debate.
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Solicitudes a entidades judiciales y órganos de control
Penagos anunció que la Registraduría solicitará un concepto formal a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Además, enviará copias del caso a la Procuraduría General de la Nación y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con el fin de garantizar un análisis integral por parte de los entes competentes.
El registrador instó a que las altas cortes actúen con celeridad, dada la trascendencia del tema para el equilibrio democrático del país. En sus palabras, “la consulta no solo implica una decisión política, sino que compromete principios esenciales de la democracia colombiana”. La Registraduría, por ahora, se abstendrá de avanzar con cualquier etapa del proceso mientras no se resuelva el dilema legal de fondo.
