El adolescente capturado por el atentado que tiene al senador Miguel Uribe Turbay en estado crítico fue, según confirmó el propio presidente Gustavo Petro, beneficiario del programa Jóvenes en Paz. La revelación se conoció este martes 17 de junio durante un Consejo de Ministros en la Casa de Nariño. El mandatario agregó detalles en donde explicó que el menor fue identificado por autoridades distritales como altamente conflictivo.
“Lo recogió el gobierno distrital y pasó a uno de nuestros programas”, explicó Petro. El joven duró apenas dos meses en el programa y, según los profesionales a cargo, presentaba una “personalidad completamente conflictiva, sin capacidad de establecer vínculos intersociales”. Terminó saliéndose de manera voluntaria. “Ese programa era para que no existieran ese tipo de jóvenes. Si se agranda, hacemos más difícil que el sicario busque a otro muchacho”, señaló Gustavo Petro.
Una política que no logra despegar
‘Jóvenes en Paz’, creado por el Ministerio de Igualdad, fue diseñado para apoyar a jóvenes de entre 14 y 28 años en situación de vulnerabilidad. La intención era alejarlos de las redes criminales mediante formación, acceso a derechos y apoyo económico mensual durante un año. No obstante, el mismo Petro ya había admitido su fracaso en mayo. “Planteamos 100.000 jóvenes. 432 es nada”, dijo en un consejo de ministros televisado. Reconoció que la política no había logrado competir con las mafias en la captación de jóvenes. La iniciativa se concibió como una estrategia interinstitucional, involucrando a los ministerios de Educación, Interior, Salud, Comercio y al Servicio Público de Empleo.
Más allá de las cifras poco claras —que varían entre los 28.000 y menos de 19.000 beneficiarios—, los problemas son estructurales. Hay demoras de hasta ocho meses en pagos, denuncias por desaparición de preinscritos y huelgas de los beneficiarios. En Valledupar, un grupo de jóvenes publicó un comunicado titulado “Jóvenes en Paz Sí, pero no Así”. En él, acusan al gobierno de ejecutar el programa con “mediocridad” y fines asistencialistas.
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“Nos sentimos frustrados, desmotivados y perjudicados”, dice un derecho de petición firmado por varios participantes. Muchos han recurrido a tutelas para exigir los pagos. La crisis también tocó a los trabajadores. Funcionarios afectados por el desorden administrativo fundaron el sindicato Sindipaz, exigiendo al operador Unión Temporal Territorio y Paz que cumpla sus compromisos. El hecho de que un joven vinculado al programa haya terminado disparando contra un senador reabre un debate urgente.
