La vicepresidenta Francia Márquez Mina anunció la creación de un espacio de diálogo nacional tras conocerse nuevas amenazas contra funcionarios del Gobierno. La decisión surge luego de que Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia, denunciara un intento de atentado frustrado en su contra. Según el funcionario, la alerta ciudadana evitó que se concretara un ataque, pero el riesgo para su vida y la de su familia sigue latente.
Márquez expresó su rechazo a estos hechos e hizo énfasis en que pensar diferente o ejercer funciones públicas no puede traducirse en una amenaza para la vida. “Pensar distinto y cumplir con el deber no puede justificar la violencia”, afirmó, dejando claro que el Gobierno no tolerará este tipo de intimidaciones en contra de quienes denuncian la corrupción.
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Una denuncia grave: armas, fotos y un presunto atentado
La alerta de Idárraga se hizo pública a través de la red social X, donde relató que las autoridades hallaron un arsenal de guerra junto a fotografías suyas, de su esquema de seguridad y del vehículo en el que se moviliza. Esa evidencia confirmó la seriedad de las amenazas que, según él, han ido escalando a medida que avanza la labor anticorrupción desde su despacho.
El secretario señaló que estas intimidaciones no son nuevas. Desde 2023 ha recibido mensajes que intentan desestimular su trabajo, algunos de ellos con advertencias directas: “No se ponga en riesgo ni exponga a su familia”. El funcionario asegura que no se dejará amedrentar, aunque reconoce que su seguridad y la de sus seres queridos se ha visto comprometida.
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Mesa de diálogo nacional: medidas para proteger a denunciantes
Frente a este panorama, Francia Márquez convocó a una Mesa Nacional de Diálogo y Seguimiento, este espacio reunirá a autoridades, sociedad civil y organizaciones defensoras de derechos humanos para tratar los casos de amenazas contra quienes denuncian corrupción y defienden derechos fundamentales. La vicepresidenta busca convertir esta iniciativa en un canal permanente de protección para quienes enfrentan riesgos por cumplir con su deber.
“La lucha contra la corrupción no se detiene. Es una causa nacional y no podemos permitir que los corruptos silencien a quienes fiscalizan”, aseguró Márquez. También hizo un llamado a brindar garantías reales para el ejercicio de los controles ciudadanos y estatales. La funcionaria subrayó que el Gobierno no solo respalda estas labores, sino que se compromete a proteger a quienes las lideran.
