En una audiencia realizada ante la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General presentó el escrito de acusación contra la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, por el presunto delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. La investigación señala que entre el 2 y el 6 de marzo de 2023, Urrutia habría gestionado la firma de al menos 104 contratos sin cumplir con los procedimientos establecidos por la ley.
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Según el ente acusador, estos contratos fueron celebrados justo después de que se diera por terminada otra tanda de 104 contratos, los cuales habrían finalizado mediante actas en las que los contratistas alegaban “motivos personales”. Sin embargo, pocos días después, por instrucción de la entonces ministra, las mismas personas habrían sido vinculadas nuevamente, esta vez hasta el 31 de diciembre del mismo año.
¿Cuáles fueron las irregularidades detectadas?
Entre las irregularidades detectadas se encuentran la falta de certificaciones actualizadas sobre los aportes al sistema de seguridad social, la omisión de justificaciones sobre la necesidad del personal contratado, y la inexistencia de pruebas que evidenciaran insuficiencia en la planta de trabajadores del Ministerio.
El fiscal del caso sostuvo que estas acciones buscaban garantizar la continuidad laboral de personas cercanas a Urrutia, aun sabiendo que su salida del cargo era inminente. Por esta razón, se le acusa de haber vulnerado principios básicos de legalidad, transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos.
Durante la diligencia, el magistrado Ariel Augusto Torres Rojas declaró formalmente acusada a Urrutia, y convocó a las partes a preparar las audiencias previas al juicio. El abogado defensor de la exfuncionaria anunció que no presentará recusaciones ni nulidades y se acogerá al curso normal del proceso.
La Fiscalía aseguró que las audiencias preparatorias se llevarán a cabo en la fecha que establezca la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema. Mientras tanto, el expediente continúa su curso judicial, marcando un nuevo capítulo en los cuestionamientos por corrupción dentro de la administración pública.
