En medio de una ya delicada situación financiera para el sistema de salud colombiano, una decisión judicial emitida en Bucaramanga ha desatado una tormenta de críticas. El fallo, producto de una acción de tutela, obliga a una EPS a financiar la entrega de dos muñecas sexuales inflables a un paciente que argumentó padecer afectaciones emocionales derivadas de su baja autoestima.
La noticia fue confirmada por Sergio Prada, directivo de la Clínica San Luis, quien calificó el caso como “una muestra preocupante del uso excesivo y mal orientado de la tutela”. Según el testimonio del directivo, la orden judicial fue conocida por el presidente de una EPS que expresó su inconformidad por verse obligado a acatarla, pese a no considerarla coherente con los principios de la atención médica.
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“El sistema está en crisis. Hace tres años perdimos 15 mil millones de pesos atendiendo pacientes de EPS como Comparta, Medimás y Coomeva, que luego fueron liquidadas y nunca pagaron sus deudas. Hoy se nos obliga a costear elementos que no están contemplados en ningún protocolo médico”, afirmó Prada.
El caso ha generado preocupación entre especialistas y autoridades sanitarias, quienes advierten que este tipo de decisiones pueden abrir la puerta a más solicitudes fuera del marco tradicional de la salud. “No entendemos cómo un juez ordena esto cuando hay derechos fundamentales prioritarios que aún no se garantizan, como tratamientos para pacientes con enfermedades crónicas o terminales”, agregó el directivo a El Tiempo.
Juez consideró que era un derecho a la salud mental
De acuerdo con la información conocida, el paciente no identificado solicitó el acceso a las muñecas como parte de una estrategia para mejorar su bienestar emocional. El juez del caso consideró que la EPS debía garantizar el derecho a la salud mental, lo que justificó la orden de compra de estos dispositivos.
Sin embargo, el debate se intensifica por el precedente que podría sentar esta decisión en un sistema que ya sufre por falta de recursos, escasez de medicamentos, demoras en asignación de citas y dificultades para acceder a especialistas. “Mientras muchos niños esperan tratamiento contra el cáncer, nos enfrentamos a órdenes judiciales que nos sacan del foco de las prioridades reales”, puntualizó Prada.
El caso se suma a una creciente preocupación por el uso de la acción de tutela como herramienta para exigir servicios o productos fuera del Plan de Beneficios en Salud (PBS). Aunque la Constitución garantiza el derecho a la salud, expertos insisten en que es necesario un mayor rigor técnico y ético en la evaluación de estas solicitudes.
Finalmente, desde la Clínica San Luis y otras instituciones médicas se hace un llamado urgente al Gobierno nacional y a las altas cortes para revisar con detenimiento el alcance de decisiones judiciales que, si bien buscan proteger derechos individuales, pueden poner en riesgo la sostenibilidad de todo el sistema.
