En una decisión de alto impacto para el sistema de salud colombiano, la Corte Constitucional dejó sin efectos la intervención que la Superintendencia de Salud impuso a la EPS Sanitas desde abril de 2024. El tribunal consideró que durante el proceso no se respetaron garantías esenciales como el debido proceso y la evaluación integral de la situación financiera del sistema.
La resolución, aprobada por mayoría entre los magistrados de la Sala Plena, revoca las decisiones administrativas que dieron pie a la toma de control del Gobierno sobre los bienes y operaciones de la EPS Sanitas, una de las aseguradoras más grandes del país, con más de 5,7 millones de afiliados. También se anuló la prórroga que la SuperSalud había anunciado para extender la intervención hasta 2026.
“Se vulneraron derechos fundamentales al no considerar aspectos clave como la actualización del valor de la UPC, el reconocimiento de presupuestos máximos y la información financiera completa del sector”, señalaron fuentes de la Corte, al explicar las razones detrás del fallo.
Desde el grupo Keralty, propietario de Sanitas, celebraron la decisión, aunque indicaron que el proceso de retorno al control total de la EPS tomará al menos dos semanas, mientras se accede al texto completo del fallo y se evalúa el estado en que queda la entidad tras más de un año de intervención.
“No buscamos revancha, pero sí justicia. Esta intervención fue arbitraria y nos causó perjuicios”, afirmó Juan David Riveros, abogado del grupo, quien también anunció que continuarán con acciones legales tanto en Colombia como a nivel internacional.
Las quejas de los usuarios en dos meses del 2025 crecieron a 40%
La decisión de la Corte se produce en un contexto de deterioro evidente en la atención bajo la gestión del Gobierno. Solo en los primeros dos meses de 2025, las quejas de los usuarios crecieron cerca del 40 % frente al mismo periodo del año anterior, pasando de unas 15.000 a más de 20.000 por mes.
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Aunque el Gobierno nacional ha justificado las intervenciones en Sanitas y la Nueva EPS como una medida para mejorar la calidad del servicio, los indicadores y la sentencia constitucional ahora cuestionan el impacto real de esas decisiones. El fallo también implica un fuerte llamado de atención a la Superintendencia de Salud sobre el rigor técnico y jurídico que debe regir sus actuaciones.
Por su parte, el magistrado Vladimir Fernández Andrade salvó su voto, al considerar que la intervención era justificada, lo que refleja divisiones internas frente a la interpretación del caso.
El retorno del control de Sanitas al grupo Keralty se espera en los próximos días, mientras crece la expectativa sobre las consecuencias legales y políticas que podría tener este fallo para la reforma a la salud y otras EPS intervenidas.
