Mala alimentación, escaso acceso a atención psicosocial y precariedad en salud son algunas de las problemáticas que las madres viven en las cárceles del país. Según esta nota de Caracol Radio, 258 mujeres privadas de la libertad conviven con sus hijos en la cárcel. Además, testimonios de mujeres presas revelan diferentes problemáticas que atraviesan en la cárcel.
“Una prisionera tuvo a su hijo dentro de una celda y las compañeras de patio eran las que le ayudaban en el parto”, relata a Caracol Jenny Pérez, miembro de la corporación Mujeres Libres. Otro testimonio además señala el mal estado de la comida en la cárcel. “A veces nos daban una carne descompuesta, arroz y por ahí una papa”, cuenta. La Defensoría del Pueblo ha alertado varias veces sobre estas condiciones.
Uno de los aspectos más preocupantes es el impacto emocional y psicológico de la privación de la libertad en las madres y sus hijos. Según la Defensoría, esto es un evento “traumático”. La ley colombiana permite que los niños de hasta 3 años puedan estar en las cárceles son sus madres, pero ocho de 57 prisiones cuenta con un servicio de DIER, diseño para atender a mujeres gestantes y niños.
Las madres en las cárceles
En el primer trimestre de 2025, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) reportó que de 103.796 personas privadas de la libertad, 6.308 son mujeres (6.1%). Cerca del 85% de las mujeres en la cárcel son madres, con un promedio cercano a tres hijos cada una, según la Universidad del Rosario.
Por eso, la Defensoría ha solicitado al Ministerio de Salud, al Fondo de Atención en Salud para la Población Privada de la Libertad, al Inpec, al Icbf y la Uspec, diseñar estrategias para la atención integral de estas mujeres y sus hijos. Además, recuerda que son sujetos de especial protección, por lo que sus derechos deben ser respetados y garantizados.
Se busca que se implementen penas sustitutivas, como el trabajo comunitario, para madres cabeza de hogar en delitos menores, con el fin de evitar el hacinamiento carcelario y permitirles reconstruir sus proyectos de vida. También insiste en que las cárceles deben contar con servicios y disposiciones que permitan flexibilidad para las necesidades de las mujeres embarazadas, lactantes y con hijos.
Según cifras oficiales, hasta ahora 165 condenadas por hurto o tráfico de estupefacientes han remplazado su pena de prisión por la prestación de servicios comunitarios. Esto, gracias a la ley de Utilidad Pública. La mayoría está en libertad cumpliendo con el servicio comunitario. De esas, 16 ya pagaron la utilidad de su pena.
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