La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra los excancilleres Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia, así como contra el actual jefe de gabinete presidencial, Alfredo Saade, por posibles fallas en la planeación, ejecución y supervisión del proceso de expedición de pasaportes en Colombia. La medida se toma tras meses de incertidumbre por la adjudicación del contrato y la transición hacia un nuevo modelo de producción estatal.
Según el Ministerio Público, Murillo y Sarabia habrían vulnerado principios fundamentales de la contratación pública al no garantizar de manera eficiente y oportuna un esquema funcional para la emisión de pasaportes. En el caso del exministro Murillo, se cuestiona el uso de una declaratoria de urgencia manifiesta en septiembre de 2024, mecanismo que habría sido aplicado de forma indebida para prorrogar el contrato con la firma Thomas Greg & Sons, empresa que ha producido los pasaportes por más de 20 años.
Laura Sarabia, quien asumió el cargo tras la salida de Murillo, también es señalada de no haber estructurado a tiempo un plan alternativo para la producción de pasaportes, pese a que desde abril de 2025 habría tenido conocimiento de que el cronograma propuesto que incluía a la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal era inviable.
Por su parte, Alfredo Saade es investigado por una presunta extralimitación de funciones. Aunque solo lleva unas semanas en la Casa de Nariño, habría impartido instrucciones directas a la Cancillería sobre el esquema de asignación de citas para pasaportes, asunto que no es de su competencia. Sus declaraciones públicas, que incluían la posibilidad de aplazar citas ciudadanas y eliminar la prórroga del contrato actual, generaron malestar y habrían precipitado la renuncia de Sarabia.
Procuraduría ordenó inspección técnica a la Imprenta Nacional
Como parte del proceso, la Procuraduría ordenó una inspección técnica a la Imprenta Nacional para establecer si tiene realmente la capacidad de asumir la producción y distribución de pasaportes a partir de septiembre, como lo ha anunciado el Gobierno.
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Murillo, por su parte, respondió a la investigación defendiendo la legalidad y transparencia de sus decisiones. Asegura que la declaratoria de urgencia fue validada por la Contraloría y se utilizó para garantizar la continuidad del servicio mientras se avanzaba en un nuevo modelo. “La ciudadanía merece total transparencia y plena confianza en el manejo de lo público”, afirmó en redes sociales.
Este nuevo capítulo en la crisis de los pasaportes aumenta la presión sobre la administración del presidente Gustavo Petro, que ya enfrenta críticas por la inestabilidad en la Cancillería y las demoras en la expedición de este documento vital para miles de ciudadanos.
