El Ministerio de la Igualdad (MinIgualdad), una de las entidades más jóvenes del actual Gobierno, ha firmado 101 contratos desde el 1 de enero hasta el 7 de julio de 2025, según registros del SECOP. El total de estas contrataciones supera los $11.518 millones, lo que equivale a un promedio mensual de 16 contratos por un valor aproximado de $114 millones cada uno.
Una de las cifras que más llama la atención es la relacionada con el arriendo de la sede central del Ministerio en Bogotá. El contrato, firmado el 15 de enero, estipula el arrendamiento de oficinas en el Edificio Centro de Comercio Internacional por un valor cercano a los $5.000 millones, lo que representa el 42% del presupuesto ejecutado por la entidad durante este año. A esto se suma un arrendamiento adicional en Tumaco, Nariño, por $90 millones, destinado a la operación de una de sus direcciones territoriales.
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La contratación por prestación de servicios representa el 69% de los acuerdos celebrados, con un total de 70 contratos que suman aproximadamente $4.500 millones. Expertos señalan que este tipo de vinculación es común en entidades de reciente creación, ya que permite conformar una planta de personal de manera transitoria mientras se define su estructura definitiva.
Carlos Rosero el sucesor de Francia Márquez en el Ministerio de Igualdad
Desde marzo de este año, la dirección del Ministerio pasó a manos de Carlos Rosero, líder afrodescendiente y aliado político de la vicepresidenta Francia Márquez, quien había encabezado inicialmente la cartera. Aunque el cambio generó tensiones políticas y críticas sobre la pérdida de control por parte de Márquez, el actual ministro ha defendido su labor afirmando que la entidad avanza en el diseño de políticas públicas para poblaciones históricamente excluidas.
No obstante, sectores de oposición cuestionan la efectividad del Ministerio, al considerar que sus funciones se traslapan con otras entidades del Estado. Asimismo, el elevado gasto en arriendos y contratación sin resultados tangibles en políticas públicas concretas ha reavivado el debate sobre su verdadera utilidad.
La controversia también reabre la discusión sobre la sostenibilidad administrativa de las entidades nuevas y la necesidad de garantizar que el presupuesto se traduzca en acciones reales y visibles para la ciudadanía.
