La Registraduría Nacional del Estado Civil adjudicó oficialmente un contrato por más de 2,1 billones de pesos a la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026, encabezada por Thomas Greg & Sons, para organizar todo el andamiaje logístico y tecnológico de las elecciones presidenciales, legislativas y de Consejos de Juventud que se celebrarán el próximo año. La decisión fue confirmada este 9 de julio mediante el acto administrativo 8135.
Este contrato, uno de los más cuantiosos en materia electoral, abarca desde la inscripción de votantes y candidatos hasta el suministro de kits electorales, control de puntos de votación, procesos de preconteo y escrutinio, así como soporte tecnológico integral.
También puede leer: Petro advierte sobre posible fraude electoral y niega querer aplazar elecciones
A pesar de que diez compañías manifestaron interés en participar del proceso, finalmente solo la Unión Temporal liderada por Thomas Greg presentó una propuesta formal dentro de los plazos establecidos. Esta agrupación empresarial incluye también a Telefónica Colombia, Grupo ASD y Thomas Greg Express, entre otras firmas.
Registraduría defendió adjudicación
La Registraduría defendió la adjudicación alegando que se trató de una convocatoria pública con estrictos filtros técnicos, jurídicos y financieros, acompañada por veeduría de organismos de control como la Procuraduría y la Contraloría. No obstante, la decisión ha reavivado las dudas sobre la transparencia del proceso, especialmente tras recientes críticas del presidente Gustavo Petro, quien ha cuestionado abiertamente el rol de Thomas Greg tanto en elecciones como en el proceso de expedición de pasaportes.
La firma ya había sido contratista en las elecciones de 2022 y, aunque el Gobierno actual ha mostrado interés en que entidades públicas asuman este tipo de procesos, las alternativas como la Imprenta Nacional con apoyo de Portugal no han logrado consolidarse a tiempo.
Con esta adjudicación, Thomas Greg retoma la responsabilidad de operar el complejo engranaje electoral de 2026, mientras el debate sobre la necesidad de modernizar y transparentar los procesos comiciales en Colombia sigue abierto.
