La Misión de Observación Electoral (MOE) encendió las alarmas al confirmar que 2025 se ha convertido en el año más violento desde 2018 en materia de acciones de grupos armados ilegales. Según el más reciente balance presentado durante la Comisión de Seguimiento Electoral en Bogotá, entre el 1 de enero y el 8 de marzo se registraron 134 hechos de violencia dirigidos contra líderes políticos y sociales, de los cuales 58 tuvieron como víctimas a alcaldes y concejales. En total, se han contabilizado 979 acciones violentas atribuidas a estos actores armados durante el año.
Alejandra Barrios, directora de la MOE, señaló que la violencia afecta directamente el desarrollo del proceso electoral, ya que muchos de los líderes atacados tienen responsabilidades clave en la organización de comicios en sus territorios. “Los alcaldes tienen un papel protagónico en la gobernanza local y en garantizar condiciones mínimas de seguridad durante las elecciones”, afirmó. La funcionaria hizo énfasis en que esta situación podría poner en riesgo la legitimidad del proceso democrático, especialmente en zonas históricamente afectadas por el conflicto.
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Preocupa ausencia de partidos políticos en comisión clave
En el marco de la misma reunión, Barrios también expresó su preocupación por la ausencia de 13 partidos políticos en la Comisión de Seguimiento Electoral, desarrollada en el Hotel Tequendama. La directora insistió en que este espacio ha sido, históricamente, uno de los principales escenarios para el diálogo institucional entre partidos, autoridades electorales y organizaciones de la sociedad civil. “Su no participación debilita los acuerdos básicos de gobernanza electoral”, señaló.
Esta inasistencia se da en un contexto de creciente desconfianza, alimentado por las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien cuestionó la transparencia del proceso electoral del próximo año. La MOE respondió a estas afirmaciones solicitando prudencia. “Hacer afirmaciones generales sin pruebas no aporta al fortalecimiento institucional, sino que enrarece el ambiente electoral”, enfatizó Barrios. La entidad instó a preservar la confianza en las instituciones y a construir garantías colectivas en lugar de sembrar dudas.
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Llamado urgente por transparencia y control financiero
La MOE exigió mayor transparencia en la recolección de firmas por parte de los grupos significativos de ciudadanos. Barrios pidió al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría entregar información detallada sobre estos procesos, incluyendo la constitución legal de los grupos, el monto de recursos recaudados y el origen de los fondos. “Es clave garantizar que la financiación política sea trazable y legítima, especialmente en un contexto de polarización y desconfianza”, explicó.
El llamado busca frenar posibles irregularidades en la fase previa a las campañas formales. La MOE insistió en que la vigilancia debe intensificarse desde el inicio del calendario electoral y no solo durante la jornada de votación. Con la violencia en aumento y los niveles de participación institucional en duda, el fortalecimiento del control financiero y de las reglas de juego se vuelve aún más urgente para blindar la democracia de riesgos mayores.
