Diferentes sectores políticos criticaron el decreto firmado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, que modifica la competencia del Consejo de Estado para revisar las tutelas en contra del presidente Gustavo Petro. Incluso, el propio tribunal cuestionó la medida. Luis Alberto Álvarez, presidente del Consejo de Estado, dijo que le causaba “preocupación” la medida porque “no fortalece” el diálogo entre altas Cortes y gobierno.
El decreto 799 de 2025 establece que el presidente, como “suprema autoridad administrativa” puede “organizar la distribución interna de los asuntos entre los jueces que ya cuentan con competencia para conocer de una determinada acción”. Por eso el Consejo de Estado ya no será quien conozca estas acciones de tutela, sino cualquier juez del circuito. La Corte Constitucional podrá seguir haciendo control posterior.
Este decreto tumba otro expedido por el gobierno Santos, el cual establecía que las tutelas contra los presidente deberían ser revisadas en primera instancia por el Consejo de Estado. Según el gobierno Petro, esta medida “fortalecerá la imparcialidad del sistema judicial”. En el pasado, Petro y el Consejo de Estado han tenido roces por diferentes decisiones judiciales, especialmente en el marco de su campaña y de retractaciones.
Lea también: Petro puede exhibir la bandera del M-19 según Consejo de Estado.
Las críticas al decreto que le quita ese poder al Consejo de Estado
Numerosos juristas y congresistas argumentan que el presidente no tiene la facultad para modificar la estructura judicial mediante un decreto. Sostienen que la regulación de la competencia de las altas cortes y el reparto de las acciones de tutela debería hacerse a través de una ley estatutaria en el Congreso, no por decreto reglamentario. Por eso, argumentan extralimitación de funciones.
Por ejemplo, la senadora uribista, María Fernanda Cabal, dice que el decreto es un “golpe silencioso a la justicia” y “peligrosamente funcional al poder”. Esto, particularmente por “atentar” contra el principio de separación de poderes. Por otro lado, el abogado Francisco Bernate, por ejemplo, ha dicho que “es inconveniente porque el juez quedaría políticamente expuesto. Lo sabio es que lo hagan las más altas instancias judiciales”.
Entre otras voces críticas está la del exministro de Justicia, Wilson Ruiz, quien dice que esta modificación representa un “retroceso en el control judicial sobre el Presidente”, ya que el Consejo de Estado cuenta con “experiencia, conocimiento técnico y jurisprudencia consolidada”. Sin embargo, el ministro de Justicia y el presidente Petro se mantienen firmes en rechazar estos argumentos.
Le puede interesar: Consejo de Estado frena consulta popular del Gobierno Petro.
