Tras una ola de rumores sobre una posible autorización para la caza comercial del chigüiro (Hydrochoerus hydrochaeris), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible salió al paso para desmentir dicha versión y reiterar su posición: la vida y la biodiversidad son prioridad.
La ministra Lena Estrada Añokazi fue enfática al afirmar que no hay en curso ninguna normativa que permita su caza con fines comerciales, y que cualquier ejercicio técnico en curso responde a obligaciones judiciales previas y a estudios científicos acumulados durante más de dos décadas. “Este Gobierno no autorizará la cacería comercial del chigüiro en el país”, subrayó.
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El chigüiro, considerado el roedor más grande del mundo y una especie clave para los ecosistemas de sabana y humedales, fue objeto de una orden del Consejo de Estado en 2001, que solicitaba al Ministerio diseñar un modelo de manejo sostenible. Sin embargo, el contexto normativo ha cambiado: hoy, el bienestar animal y la protección de los seres sintientes están en el centro de la política ambiental colombiana.
No hay emergencia alimentaria que justifique la caza del animal
Durante una mesa técnica celebrada el pasado 12 de junio, expertos coincidieron en que no es viable desarrollar un modelo de caza comercial que garantice trato digno y protección a esta especie. Además, el Ministerio reiteró que no existe una emergencia alimentaria en la región que justifique esta medida, desvirtuando otro de los argumentos utilizados por quienes apoyaban el aprovechamiento comercial del animal.
La ministra también hizo un llamado a las autoridades locales, en especial a las del oriente colombiano y a la Alcaldía de Bogotá, para reforzar el control del tráfico ilegal de carne de chigüiro, una práctica que alimenta redes criminales y pone en riesgo a la fauna silvestre del país.
“El futuro debe construirse con evidencia científica, responsabilidad y respeto por la vida en todas sus formas”, concluyó Estrada Añokazi, reafirmando el compromiso del Gobierno con la protección de la biodiversidad y el rechazo a cualquier forma de explotación que ponga en peligro a las especies nativas de Colombia.
