Joseba Grajales —presidente del grupo Keralty, dueño de la EPS Sanitas— denunciará al presidente Gustavo Petro por llamarlo “criminal” por “financiar campañas con diñeros extranjeros” en su alocución del pasado 15 de julio sobre el sector salud. Según Grajales, el presidente difundió “mentiras” en su contra. Además, también demandará a otros funcionarios del gobierno.
“El dueño de Keralty es un criminal en Colombia. Debe irse. Aunque me toque hablar con el rey de España o con el que sea, lo sacaré”, dijo Petro. Keralty tiene demandado al Estado por la intervención forzosa a Sanitas. Según dijo, esa medida “violó” el Tratado Internacional de Inversión Extranjera. De llegar a ganar, el Estado tendría que pagar unos 5 billones de pesos. Por su parte, la Corte Constitucional tumbó la intervención y le dio la razón a Keralty.
“Vamos a denunciar ante los juzgados nacionales e internacionales al presidente, a los miembros de su equipo de gobierno que han colaborado en la difusión de estas mentiras, y a cualquier persona o entidad —pública o privada— que intente dañar, por acción u omisión, la imagen de este grupo”, dijo por su parte Grajales. En el pasado, Keralty ha acusado al gobierno de crear una estrategia “arbitraria” para asfixiar a Sanitas.
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Las acusaciones de financiar campañas políticas
Petro ha acusado a Keralty de financiar campañas políticas en Colombia con dineros extranjeros, algo que, según él, está prohibido y constituye un delito. Aunque el grupo español ha rechazado tales afirmaciones, es cierto que donó a campañas. En 2022 habría donado 70 millones de pesos a los partidos Centro Democrático, Alianza Social Independiente (ASI), La U, Liberal y Conservador.
Estos partidos se opusieron a la reforma a la salud. Por eso, el senador Wilson Arias denunció a Keralty y declaró que había conflictos de interés político. Incluso, Arias mencionó las donaciones de las empresas colombianas del Grupo Bolívar (como Davivienda o Seguros Bolívar) por 130 millones de pesos al partido de La U; 144 millones al Liberal; 280 millones al Conservador; 755 millones al Centro Democrático, y 30 millones de pesos a la ASI.
El reversazo de la intervención a Sanitas
La Superintendencia Nacional de Salud (superSalud) intervino a la EPS Sanitas por la supuesta insolvencia y las deudas acumuladas. Dijo que para diciembre de 2024, Sanitas presentaba deudas por 2.3 billones de pesos (casi 600 millones de dólares) con prestadores de servicios de salud, lo que, según el gobierno, afectaba gravemente la prestación de los servicios.
Tanto Sanitas como otras EPS habían alertado al gobierno sobre una crisis financiera estructural del sistema de salud, denunciando la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el dinero que el Estado les entrega por cada afiliado para cubrir los servicios. Sin embargo, el gobierno de Petro desestimó estas alegaciones. Por su parte, Keralty calificó la intervención como una “estrategia premeditada” del gobierno para debilitar el sistema de salud y afectar a millones de pacientes.
Luego, la Corte Constitucional de Colombia amparó el derecho al debido proceso de Sanitas y tumbó la intervención del gobierno a la EPS, ordenando su restitución a los accionistas. Keralty ha manifestado que, a pesar de la reversión de la intervención, Sanitas fue recibida en una situación “calamitosa” y “devastada” por los efectos de la superSalud.
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