El presidente Gustavo Petro hizo un llamado directo al ministro de Justicia para que intervenga en el caso de Daneidy Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, mientras la Corte Suprema volvió a negarle su libertad. El debate entre justicia, poder y redes sociales vuelve a encenderse.
Durante el Consejo de Ministros del 15 de julio, el presidente Gustavo Petro sorprendió al referirse de forma vehemente al caso de la empresaria e influenciadora Daneidy Rojas Barrera. “Ayúdeme a sacar a Epa. Que no viva en una celda. ¿Cómo así que no se puede?”, expresó el mandatario ante el ministro de Justicia, Luis Eduardo Montealegre.
La frase se dio justo horas después de que la Corte Suprema de Justicia negara nuevamente una tutela que buscaba dejar sin efecto la condena contra Rojas. Petro comparó la situación de ‘Epa Colombia’ con otros casos judiciales. “Le echaron más años a Epa que a un poco de ladrones que han cogido. ¿Qué es eso? ¿Machismo judicial también?”, dijo.
También criticó que responsables de delitos más graves, como feminicidios o corrupción en casos como Odebrecht, no hayan recibido penas tan severas ni condiciones tan estrictas de reclusión. Mientras hablaba, el ministro Montealegre asentía sin contradecir las palabras del jefe de Estado.
La Corte Suprema cierra nuevamente la puerta a su liberación
El pronunciamiento de Petro contrastó con la postura firme de la Corte Suprema, que en un documento de 23 páginas explicó su decisión. La defensa de Rojas había presentado una tutela argumentando que su condena violaba derechos fundamentales, especialmente al acusarla de instigación a delinquir con fines terroristas.
Sin embargo, el alto tribunal sostuvo que la influencia masiva de sus videos durante el estallido social de 2019 tenía “la potencialidad de inducir estados de zozobra y temor”. La Corte aclaró que no era necesario demostrar que sus seguidores cometieran actos terroristas, sino que bastaba con que sus mensajes pudieran haber generado ese riesgo.
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Este nuevo capítulo del caso reabre el debate sobre la proporcionalidad de las penas, el uso de las redes sociales como herramienta de protesta y la intervención del poder ejecutivo en decisiones judiciales. Mientras el Gobierno insiste en revisar el caso desde una óptica más humana y social, la Corte se mantiene firme en su criterio jurídico. Por ahora, ‘Epa Colombia’ seguirá tras las rejas.
