El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó oficialmente que el traslado de nueve personas privadas de la libertad señaladas como cabecillas de organizaciones criminales de Medellín y su área metropolitana fue ordenado directamente por el presidente Gustavo Petro, en el marco del proceso de paz urbana impulsado por el Gobierno Nacional.
La polémica movilización se llevó a cabo el 21 de junio durante un evento público en la Plazoleta de La Alpujarra, Medellín, donde los reclusos llegaron escoltados desde el centro penitenciario La Paz de Itagüí y fueron presentados ante la comunidad en una tarima principal del acto.
De acuerdo con el comunicado del Inpec, la decisión estuvo respaldada por las resoluciones 139 de mayo de 2023 y 094 de abril de 2025, mediante las cuales la Presidencia los designó como “voceros” de las estructuras armadas organizadas de alto impacto en conversaciones sociojurídicas con el Estado. La senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, fue delegada como coordinadora del proceso y responsable de gestionar el traslado, en virtud de la Resolución 452 de 2024.
Internos fueron trasladados bajo custodia de la Policía Nacional
El operativo comenzó a las 12:35 del mediodía del 21 de junio. Los internos fueron trasladados bajo custodia de la Policía Nacional, ubicados inicialmente en una carpa contigua al escenario principal, y permanecieron allí bajo estricta vigilancia hasta las 5:40 p. m., momento en el que recibieron autorización presidencial para subir a la tarima. A las 9:15 p. m., tras la finalización del evento, fueron devueltos al penal, ingresando de nuevo a las 10:10 p. m.
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El Inpec sostuvo que el procedimiento se ajustó al marco legal, específicamente al artículo 308 de la Ley 65 de 1993, modificado por la Ley 1709 de 2014, que permite traslados temporales de personas condenadas sin requerir autorización judicial, siempre que se garantice su seguridad, custodia y retorno.
No obstante, la exposición pública de estos voceros generó un amplio rechazo por parte de sectores políticos y ciudadanos, quienes cuestionaron el mensaje que se envía al legitimar públicamente a actores vinculados con estructuras criminales.
Mientras la Casa de Nariño defiende la estrategia como parte de una ruta hacia la reconciliación y la paz urbana, opositores han exigido explicaciones formales y señalan que este tipo de acciones pueden minar la confianza en las instituciones judiciales y penitenciarias del país.
