La Contraloría General de la República rechazó la gestión financiera y contable del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) correspondiente a 2024, tras identificar 11 hallazgos fiscales que superan los $2.308 millones. También detectó 77 hallazgos disciplinarios y dos con posible implicación penal. El organismo de control emitió una opinión negativa sobre los estados financieros, al considerar que no reflejan con precisión la situación económica de la entidad.
La auditoría, liderada por la Delegada para el Sector de Inclusión Social, abarcó 12 regionales, incluidas Antioquia, Santander, Meta, Córdoba y la Dirección General. Según el informe, el SENA presentó serias deficiencias en supervisión de contratos, manejo de inventarios, transporte de aprendices y ausencia de soportes en los pagos. Estas fallas comprometen la transparencia y eficiencia de la institución educativa.
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Obras suspendidas y contratos sin control en varias regionales
En Santander, la Contraloría encontró uno de los casos más graves: la ampliación del Centro Agroecológico de San Gil solo avanzó un 1,5 % en 70 meses, pese a estar bajo contrato. A este hecho se suma una advertencia por contratación sin requisitos legales, lo que podría dar lugar a una investigación penal. En Magdalena, también se suspendieron dos obras valoradas en $2.493 millones por falta de estudios técnicos y problemas precontractuales.
En Antioquia, el órgano de control reportó un detrimento de $645 millones por no tener soporte legal sobre 256 elementos almacenados. Además, detectó un hallazgo fiscal por $1.008 millones debido a la entrega de recursos a terceros sin cumplir el objeto contractual. Estas irregularidades evidencian debilidades estructurales en el control interno del SENA a nivel nacional.
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La auditoría arrojó beneficios, pero no compensan los errores
Pese al panorama crítico, la auditoría permitió recuperar $4.958 millones gracias a pagos por rendimientos financieros relacionados con el proyecto de infraestructura del Centro Agroturístico de San Gil. El mayor beneficio registrado fue de $4.855 millones, producto de un contrato de encargo financiero para obras civiles. Sin embargo, en ese mismo contrato la Contraloría también advirtió una posible irregularidad penal.
El ente de control concluyó que la situación financiera del SENA no es confiable y presentó inconsistencias materiales. Por ello, además de la opinión negativa, también emitió una Opinión Presupuestal con salvedades. La Contraloría hará seguimiento a las posibles responsabilidades fiscales, disciplinarias o penales que puedan surgir de estos hallazgos, mientras se mantiene en alerta el manejo de los recursos públicos en la entidad.
