El reciente atentado en Bogotá contra el senador Miguel Uribe Turbay, perpetrado presuntamente por un menor de 14 años, ha reavivado el debate sobre la responsabilidad penal de los adolescentes en Colombia. Como respuesta, un grupo de congresistas de diferentes partidos radicó en la Cámara de Representantes un proyecto de ley que busca reformar el actual Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA).
La propuesta plantea que los menores de entre 14 y 18 años puedan ser juzgados como adultos cuando cometan delitos de alto impacto, como homicidio, hurto calificado, concierto para delinquir, secuestro y delitos sexuales. Actualmente, la pena máxima que puede recibir un menor bajo el SRPA es de ocho años. Con este proyecto, se permitiría imponer penas de hasta 60 años de prisión.
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“Hoy, los niños están siendo preparados para delinquir. El que actúa como adulto debe ser tratado como adulto”, afirmó el representante Óscar Villamizar, del Centro Democrático, uno de los impulsores de la iniciativa. Junto a él, firmaron el proyecto Miguel Polo Polo, Carolina Arbeláez, Luz Ayda Pastrana, Piedad Correal y José Octavio Cardona.
¿Penas actuales son insuficientes para los adolescentes?
Uno de los puntos críticos del proyecto es su señalamiento al uso instrumental de menores por parte de estructuras criminales. Según los congresistas, las penas actuales resultan insuficientes para disuadir o castigar adecuadamente a adolescentes que participan en crímenes de alto impacto. Por eso, también se busca que los antecedentes judiciales de menores sean tenidos en cuenta en casos de reincidencia.
El caso del menor vinculado al programa “Jóvenes en paz”, quien habría atentado contra Uribe Turbay, ha sido utilizado como ejemplo por los autores del proyecto para justificar la reforma. “Ese joven ya había recibido ayudas del Estado. No se puede seguir premiando la violencia con beneficios”, insistió Villamizar.
Además de endurecer las penas, el proyecto contempla revisar el enfoque garantista del SRPA, al que califican como “débil” frente a la creciente utilización de menores por parte de grupos criminales. La propuesta ha generado controversia entre sectores que defienden los derechos de la infancia y abogan por una justicia restaurativa en lugar de punitiva.
Por ahora, la iniciativa iniciará su trámite legislativo en el Congreso, donde se anticipa un intenso debate entre quienes buscan mayor rigor penal y quienes defienden la protección diferenciada para los adolescentes en conflicto con la ley.
