El Gobierno nacional avanza en su propuesta de reforma para la “paz total”, una iniciativa que incluye la reducción de penas para personas condenadas por delitos cometidos durante la protesta social. Entre las beneficiadas estaría la influencer Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, quien podría salir de prisión a finales de 2026 si el Congreso aprueba el proyecto. La iniciativa plantea una rebaja del 70 % de la pena para quienes ya hayan cumplido dos años de condena, además de la posibilidad de obtener libertad condicional.
Este cambio se encuentra entre los 23 ajustes realizados al borrador del proyecto, presentado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. El enfoque busca aplicar justicia restaurativa a quienes participaron en hechos asociados con la movilización social, priorizando la reconciliación por encima de la prisión prolongada. La propuesta ha generado un amplio debate por el impacto que tendría sobre figuras mediáticas y activistas procesados judicialmente.
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Mandos medios y capos también recibirían beneficios penales
La reforma también establece penas más flexibles para mandos medios de organizaciones armadas ilegales. Según lo planteado, quienes ocupen cargos de liderazgo intermedio en estructuras como las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo o el ELN, pagarían entre dos y cinco años de cárcel, siempre que entreguen información útil que permita desmantelar los grupos. Para los altos mandos, se mantendría la pena de entre cinco y ocho años, dentro de un esquema de justicia transicional.
Además, el proyecto abre la puerta a beneficios para capos del narcotráfico y del crimen organizado que no estén vinculados al conflicto armado. Estos podrían recibir una rebaja de entre el 40 % y 60 % de su condena, y solicitar libertad condicional tras cumplir ocho años de prisión. Este punto ha encendido las alarmas de juristas y opositores, quienes consideran que se envía un mensaje de impunidad a estructuras criminales.
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Críticas, tensiones y el mensaje del Gobierno
La propuesta ha provocado una fuerte reacción política y jurídica. Diversos sectores han expresado preocupación por lo que consideran una puerta giratoria para criminales de alto perfil. Sin embargo, el ministro Montealegre insiste en que el proyecto no representa impunidad: “Aquí no estamos construyendo una alambrada de impunidad. Siempre habrá un mínimo de pena privativa de libertad”, aseguró. El Consejo de Política Criminal respaldó esta visión, apostando por una salida negociada y con resultados verificables.
A pesar de las críticas, el Ejecutivo se mantiene firme. El objetivo, según Montealegre, es consolidar una justicia funcional que garantice verdad, reparación y no repetición. En los próximos días, el Congreso deberá debatir a fondo el alcance de esta reforma. Mientras tanto, nombres como Epa Colombia o alias ‘19’, condenado por tortura, vuelven a estar en la mira pública como potenciales beneficiarios del nuevo modelo penal del gobierno de Gustavo Petro.
