Edith Oviedo, una mujer diagnosticada con cáncer desde hace más de una década, protagonizó una protesta en Popayán al encadenarse a un dispensario de medicamentos de su EPS. La decisión la tomó luego de agotar todos los canales formales y ver negadas múltiples solicitudes de tratamientos y procedimientos fundamentales para su salud. En medio de su acción, colocó dos pancartas: en una exponía el listado de medicamentos pendientes; en la otra, la constancia de una demanda interpuesta por la misma EPS en su contra.
Con esta protesta pacífica, Oviedo no solo exigió una atención médica digna, sino que denunció lo que calificó como un “castigo judicial” por reclamar sus derechos. La EPS no solo le negó atención, sino que la demandó, según ella, usando pruebas falsas, negando incluso la pérdida de uno de sus riñones. El caso se viralizó en redes sociales, dejando al descubierto las deficiencias estructurales que enfrentan miles de pacientes oncológicos en Colombia.
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Medicamentos negados y trámites sin respuesta
Entre las quejas más graves, Edith reportó la no entrega de Liotironina desde el 20 de septiembre de 2024. Tras diez meses, el medicamento sigue pendiente, a pesar de su importancia en su tratamiento. Además, dos consultas prioritarias con especialistas ordenadas el 3 de marzo de 2025 no han sido agendadas. También se le negó el acceso a una inyección vital, solicitada desde el 10 de abril, y una radiografía de tórax fechada el 25 de junio.
La situación se agrava con una ecografía y una consulta prioritaria en cirugía de cabeza y cuello que aún no cuentan con autorización. Cada uno de estos procedimientos ha sido prescrito por sus médicos tratantes, pero no han recibido respuesta oportuna de la entidad promotora de salud. Edith, con un solo riñón afectado por tres lesiones malignas, enfrenta una lucha diaria sin garantías mínimas para su tratamiento.
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Embargo a paciente y a su hijo: el otro rostro del abandono
La paciente afirmó que, tras elevar su denuncia ante la liga de usuarios de la EPS SOS, la entidad respondió demandándola y ordenando un embargo en su contra y contra su hijo, quien es su principal apoyo económico. Según Edith, no puede trabajar debido a su condición, y la medida judicial compromete aún más su bienestar. “No me voy a quitar de aquí hasta que retiren esa demanda y me entreguen las autorizaciones”, declaró con firmeza.
Su petición es clara: exige atención médica inmediata, anulación de la demanda, y garantías de acceso a tratamientos. La imagen de Edith encadenada, sosteniendo pruebas médicas y judiciales, se ha convertido en un símbolo de la crisis que vive el sistema de salud colombiano. Mientras tanto, la EPS no ha emitido pronunciamiento oficial.
