Las historias que emergen del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la mega cárcel construida por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, están llenas de angustia, incertidumbre y denuncias de graves violaciones a los derechos humanos. Entre los más afectados se encuentran varios colombianos, que aseguran haber sido detenidos injustamente, obligados a trabajos forzados y sometidos a condiciones infrahumanas.
Una de las voces más recientes es la de Milady Giraldo, una ciudadana colombiana que, tras casi dos años privada de la libertad, fue liberada junto a otros 13 connacionales y una mujer guatemalteca. En entrevista con W Radio, relató que llegaron a El Salvador buscando oportunidades laborales, y terminaron acusados de participar en préstamos informales conocidos como “gota a gota”. Según su testimonio, los préstamos eran de bajo monto y nunca emplearon métodos violentos para el cobro, aunque reconoció que esta práctica está prohibida en ese país.
También puede leer: Desempleo en Colombia alcanza el 10% ¿A qué se debe?
Pero más allá de los cargos, lo que genera mayor preocupación es la vida tras los barrotes del CECOT. Mervin Yamarte, un joven venezolano que compartió celda con colombianos durante su estadía en la prisión, describió el lugar como un “infierno”. Denunció golpizas por acciones mínimas, comida degradante a base de agua de arroz y frijoles negros y un ambiente sin luz natural ni acceso a rehabilitación.
“Los colombianos eran obligados a cortar el cabello de otros reclusos. Estaban ahí como esclavos”, denunció Yamarte en entrevista con Blu Radio.
Colombiano detenido sólo por tener una relación sentimental con una salvadoreña
Incluso relató el caso de un colombiano que fue detenido simplemente por tener una relación sentimental con una salvadoreña cuyo hermano estaba siendo investigado. Un ejemplo de lo que parece ser una tendencia de detenciones arbitrarias y sin pruebas suficientes.
El CECOT fue inaugurado en enero de 2023 como la gran apuesta del presidente Bukele para combatir las pandillas. Con capacidad para 40.000 presos, hoy alberga miles de detenidos, muchos de los cuales según denuncias no han tenido acceso a defensa legal ni han sido juzgados formalmente. Las organizaciones de derechos humanos han elevado alertas sobre los tratos inhumanos, el hacinamiento extremo y la falta de transparencia en el proceso judicial.
A pesar de los cuestionamientos internacionales, el gobierno salvadoreño mantiene firme su discurso de “mano dura”, mientras que las historias como las de Milady Giraldo o Mervin Yamarte siguen exponiendo una cara oscura del sistema penitenciario de ese país, donde decenas de colombianos continúan tras las rejas sin claridad sobre su situación jurídica.
