El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella convocó este lunes a movilizaciones en todo el país para manifestar su respaldo al expresidente Álvaro Uribe Vélez, luego de que fuera declarado culpable en primera instancia por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. El fallo fue emitido por la jueza Sandra Liliana Heredia del Juzgado 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.
Durante su intervención, De la Espriella aseguró que el proceso no responde a razones jurídicas, sino a intereses políticos, y denunció que se trata de una estrategia para destruir la imagen del exmandatario: “Este no es un proceso jurídico, es un montaje político, una cacería”, afirmó.
Apelación y repercusiones políticas
La decisión judicial, leída en audiencia pública desde el complejo de Paloquemao, marca un hito en la historia política y judicial del país. Tras más de tres años de juicio, 67 audiencias y una investigación iniciada en 2018, la jueza concluyó que Uribe lideró una estrategia coordinada para manipular testigos clave, entre ellos Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez.
Según la magistrada, hubo un patrón de presión, ofrecimientos económicos y ayudas legales para alterar testimonios que vinculaban al expresidente con grupos paramilitares. Las pruebas —registros de llamadas, audios, giros bancarios y declaraciones juradas— evidenciaron que el abogado Diego Cadena actuó como intermediario, con conocimiento y respaldo de su cliente, contradiciendo la versión de la defensa.
Aunque el Tribunal Superior de Bogotá podrá apelar la sentencia de primera instancia, el fallo golpea simbólica y políticamente al uribismo. De la Espriella insistió en que “Uribe salvó a Colombia” y que su condena responde a una “instrumentalización ideológica de la justicia”.
La defensa del expresidente sostiene que el proceso estuvo viciado por motivaciones políticas. No obstante, sectores de la oposición y organizaciones de derechos humanos celebraron el fallo como una victoria para el Estado de derecho y la independencia judicial.
