En un hecho sin precedentes en la historia judicial colombiana, el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue declarado culpable este lunes 28 de julio de 2025 por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, en fallo de primera instancia emitido por la jueza Sandra Liliana Heredia del Juzgado 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.
La decisión fue leída en una audiencia pública desde el complejo judicial de Paloquemao, luego de más de tres años de juicio, 67 audiencias y una investigación que comenzó en 2018, cuando la Corte Suprema abrió el expediente en su contra. La jueza concluyó que existió una estrategia coordinada para manipular el testimonio de testigos clave, con conocimiento y respaldo del exmandatario.
En su decisión, Heredia sostuvo que hubo un patrón de conducta destinado a alterar la administración de justicia, por medio de presiones, ofrecimientos económicos y ayudas legales, dirigidos a testigos que habían vinculado a Uribe con grupos paramilitares. Entre ellos, destacan Juan Guillermo Monsalve, quien denunció haber recibido presiones para retractarse, y Carlos Enrique Vélez, quien admitió haber recibido dinero de Diego Cadena, exabogado del expresidente.
La jueza dio crédito a las pruebas presentadas por la Fiscalía, que incluyeron registros de llamadas, audios, giros bancarios, y declaraciones juradas que evidenciaron que Cadena actuó como intermediario con conocimiento de su cliente, Álvaro Uribe, contradiciendo la tesis de la defensa que intentaba desvincular al exmandatario de cualquier maniobra ilegal.
El proceso contra Uribe comenzó tras una denuncia presentada por él mismo en 2012 contra el senador Iván Cepeda, a quien acusó de fabricar testigos. La Corte Suprema archivó esa denuncia y abrió en cambio un proceso contra el expresidente, concluyendo que existía una red para manipular declaraciones a su favor.
Tras conocerse el fallo, la defensa de Uribe podrá apelar la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá, al considerar que el proceso estuvo viciado por motivaciones políticas. Sin embargo, sectores de oposición y organismos de derechos humanos calificaron la decisión como un triunfo para el Estado de derecho y la independencia judicial.
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Aunque se trata de una decisión en primera instancia, la condena representa un punto de inflexión para el uribismo y el sistema político colombiano. Uribe, quien dominó la política del país durante más de dos décadas, podría ahora enfrentar una pena privativa de la libertad, lo que afectaría directamente el rumbo del Centro Democrático y la campaña electoral de 2026.
