El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) aclaró que el adolescente de 17 años que entregó una declaración voluntaria a la Fiscalía General de la Nación no tenía ninguna medida judicial de privación de libertad. Por tanto, su salida del Centro de Emergencia donde permanecía no puede considerarse una fuga. La entidad explicó que el joven fue remitido allí porque no contaba con redes familiares en Bogotá y necesitaba protección provisional para el restablecimiento de sus derechos.
El ICBF subrayó que ni los Centros de Emergencia ni los de Protección tienen un carácter carcelario. En estos lugares, la permanencia depende de la voluntad del menor y del acompañamiento institucional disponible. En este caso, el adolescente decidió abandonar el centro por su cuenta, lo cual generó la activación inmediata del mecanismo de búsqueda.
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El protocolo se activó tras la salida no autorizada del adolescente
Una vez se conoció la salida del joven sin acompañamiento, el ICBF activó su protocolo de búsqueda, en coordinación con otras entidades del Estado. Esta acción tiene como objetivo garantizar la continuidad del proceso de restablecimiento de derechos del menor, en el marco de la Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia). El protocolo, que funciona en todo el país, busca evitar situaciones de riesgo y garantizar la protección integral de los adolescentes bajo protección institucional.
El Instituto aclaró que los equipos defensoriales, autónomos y capacitados, lideran estos procedimientos y toman decisiones con base en criterios técnicos y legales. Además, recordó que toda información relacionada con el proceso del menor permanece bajo reserva legal y no puede divulgarse sin autorización.
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Llamado a la responsabilidad periodística y respeto a la niñez
El ICBF hizo un llamado directo a los medios de comunicación para ejercer su labor con ética y responsabilidad. La entidad pidió abstenerse de divulgar detalles que vulneren los derechos del adolescente o que pongan en riesgo su seguridad. Recordaron que la protección integral de niños, niñas y adolescentes debe prevalecer sobre cualquier interés informativo o político.
La entidad también destacó que el caso no debe prestarse para especulaciones, ya que involucra a un menor de edad cuyas garantías legales deben ser respetadas por todas las partes, incluidos periodistas, autoridades y la opinión pública. La protección de la infancia es un deber del Estado y de toda la sociedad, y su instrumentalización representa una grave vulneración de derechos fundamentales.
