La Policía Nacional incautó un cargamento ilegal de 76 aletas de tiburón en Tumaco, Nariño, durante una inspección de rutina a una empresa de envíos. El paquete, que tenía como origen el departamento de La Guajira, pretendía ingresar de forma encubierta al puerto del Pacífico colombiano. La alerta fue activada por el olfato del canino Keyla, entrenado para detectar elementos ilegales en el correo.
Los uniformados de la Seccional de Investigación Criminal abrieron una caja sospechosa señalada por el ejemplar canino. Los uniformados encontraron en su interior las aletas de tiburón secas, listas para su venta ilegal en el mercado negro, donde alcanzarían un valor cercano a los 64 millones de pesos. El hallazgo representa una nueva muestra del tráfico de fauna silvestre que impacta seriamente la biodiversidad marina.
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Pérdida irreparable para el ecosistema
Aunque las autoridades evitaron la comercialización del material, lamentablemente los tiburones ya habían sido sacrificados. Según los investigadores, las aletas pertenecen a ejemplares de especies esenciales para el equilibrio de los ecosistemas oceánicos. Su desaparición afecta la cadena alimenticia y acelera la degradación ambiental en aguas colombianas.
“La intervención oportuna de nuestros uniformados y el trabajo del ejemplar canino Keyla permitieron detectar este atentado contra la biodiversidad”, señaló la Policía. Las aletas incautadas reflejan la dimensión del tráfico ilícito de especies, un fenómeno que continúa pese a los esfuerzos institucionales. El caso pasará ahora a manos de la Fiscalía y autoridades ambientales.
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Investigación en curso y llamado a la conciencia
Las autoridades adelantan investigaciones para identificar a los responsables del envío. Se presume que la carga hace parte de una red de tráfico ilegal de fauna marina que opera entre el Caribe y el Pacífico colombiano. Las entidades ambientales trabajan de la mano con la Policía para desarticular estos grupos, sancionar a los implicados y frenar el comercio de especies protegidas.
Este tipo de incautaciones pone de relieve la necesidad urgente de reforzar los controles en puertos, aeropuertos y terminales terrestres. Las autoridades invitan a la ciudadanía a denunciar casos similares y a rechazar el consumo de productos derivados de especies amenazadas. La conservación de los tiburones no es solo una obligación legal, sino un deber ético con el planeta.
