El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) lanzó este 31 de julio una preocupante advertencia sobre la crisis humanitaria que atraviesa Colombia. Según el informe, los primeros seis meses de 2025 mostraron un marcado deterioro de las condiciones de vida en zonas afectadas por el conflicto armado. De mantenerse la tendencia, este año podría convertirse en el peor de la última década en términos humanitarios.
El CICR denunció que el aumento de enfrentamientos entre grupos armados y la fuerza pública ha generado consecuencias devastadoras para civiles. La falta de respeto al derecho internacional humanitario, en especial los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, ha sido recurrente. A esto se suma el control cada vez más estricto que ejercen los actores armados sobre las comunidades. Según el informe, esto ha provocado amenazas, tratos indignos, confinamientos y desplazamientos forzados.
Además, entre enero y mayo de 2025, al menos 524 personas resultaron heridas o murieron por artefactos explosivos, lo que representa un aumento del 145% respecto al mismo periodo del año anterior. El 70% de las víctimas fueron civiles, incluidos 56 menores de edad. Cauca fue el departamento más afectado, con el 55% de los casos. Huila, que no registraba víctimas en 2024, sumó 50 casos. El CICR atribuyó este incremento al uso intensivo de artefactos explosivos improvisados, lanzados por drones o por medios artesanales, y de detonación controlada.
Confinamientos y desplazamientos masivos: cifras alarmantes
Durante los primeros cinco meses del año, los actores armados confinaron a 85.760 personas en trece departamentos del país, lo que representó un aumento del 169% frente a 2024. Norte de Santander y Chocó concentraron la mayoría de los casos. Al mismo tiempo, los enfrentamientos y amenazas provocaron el desplazamiento de 58.160 personas, un 117% más que en el mismo periodo del año anterior. Nariño, en contraste con la tendencia nacional, redujo sus cifras de desplazamiento en un 92%. Norte de Santander encabezó los casos, con 49.808 personas obligadas a abandonar sus hogares.
El informe documentó 136 desapariciones relacionadas con el conflicto armado, el 79% de las víctimas fueron civiles. Entre ellas, se reportan 26 menores desaparecidos. El CICR también expresó su preocupación por el aumento del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, que rompe sus proyectos de vida y deja profundas cicatrices en las comunidades. Aunque no publica cifras, el organismo reconoció un incremento significativo en este fenómeno.
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Las condiciones de detención también fueron evaluadas. El hacinamiento en cárceles del Inpec llegó al 28%, afectando la salud, alimentación y dignidad de los reclusos. En centros transitorios, como estaciones de Policía, la cifra fue aún peor: 122% de sobrecupo, mientras que en las URI fue del 15%.
