En medio de la tormenta política generada por la condena de 12 años de prisión contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el jefe de Estado, Gustavo Petro, se pronunció públicamente para rechazar cualquier señalamiento sobre una supuesta persecución política desde la Casa de Nariño. En su cuenta oficial de X, el mandatario respondió a las acusaciones del hijo del exmandatario, Tomás Uribe, quien insinuó que el proceso judicial estaba impulsado por intereses políticos.
“El responsable de la estrategia que llevó a esta condena fue el mismo expresidente, que inició el proceso al denunciar a Iván Cepeda y luego se puso en manos de la jueza, al renunciar al Senado”, escribió Petro, dejando claro que el origen del proceso judicial se remonta a una decisión del propio Uribe, y no a maniobras del actual Gobierno.
La respuesta del presidente surge luego de que Jerónimo Uribe, otro de los hijos del exmandatario, acusara a Petro de haber influido en el juicio a través de múltiples declaraciones públicas y un supuesto respaldo a la contraparte del proceso, el senador Iván Cepeda. Pese a ello, el jefe de Estado reiteró que su deber es proteger los derechos y la integridad del expresidente: “Como presidente, me corresponde proteger a Álvaro Uribe Vélez, su familia y sus bienes, y así lo haré”, afirmó.
Oleada de reacciones en el mundo político
El caso ha generado una fuerte reacción del Centro Democrático, partido fundado por Uribe, que calificó la sentencia como una muestra de persecución a la oposición. “Hoy se está condenando a un hombre inocente. La justicia ha sido usada con fines políticos para arrasar con la oposición”, dijo su director, en un comunicado oficial.
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Entre tanto, el equipo jurídico de Uribe anunció acciones legales contra el presidente Petro. El abogado Víctor Mosquera, uno de sus apoderados, afirmó que presentará una denuncia por hostigamiento y calumnia, argumentando que las declaraciones del mandatario han sido perjudiciales y sesgadas.
Mientras tanto, la jueza Sandra Liliana Heredia será la encargada de determinar si Uribe deberá cumplir su condena en prisión o bajo detención domiciliaria, en un caso que sigue teniendo repercusiones a nivel nacional e internacional.
