La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez presentó una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá, buscando suspender la orden de detención domiciliaria impuesta en su contra. La jueza 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, adoptó la medida al condenarlo a 12 años de prisión por fraude procesal y soborno en actuación penal.
El recurso fue radicado el lunes 4 de agosto por el abogado penalista Jaime Granados, quien lidera el equipo jurídico del exmandatario. La defensa sostiene que dicha decisión vulneró los derechos fundamentales de Uribe a la dignidad humana, el debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad.
En el documento de 91 páginas, los abogados advierten que la sentencia emitida por la jueza Heredia se dio pese a que aún no está en firme, lo que —según su análisis— convierte la medida de detención en arbitraria. El recurso solicita la suspensión provisional del numeral cuarto de la sentencia del 1 de agosto de 2025 y, si ya se hizo efectiva la privación de la libertad, el restablecimiento inmediato de esta hasta que se tome una decisión definitiva sobre la tutela.
Según la defensa, la juez actuó con “graves vicios de motivación” y en “desconocimiento claro de la presunción de inocencia”, al ordenar la ejecución de la pena sin que el fallo hubiera pasado por todas las instancias.
Fundamentos constitucionales invocados
El equipo jurídico insiste en que la sentencia desconoció precedentes jurídicos clave como la sentencia SU-220 de 2024 y otras del mismo alto tribunal. Aseguran que “postulados ya superados” no se ajustan a los principios vigentes del ordenamiento colombiano y anticipan una sanción sin condena ejecutoriada.
“La prisión domiciliaria fue concedida sin que se haya definido plenamente el daño causado, y sin agotar las garantías procesales del investigado”, se lee en la acción.
El pasado 1 de agosto, la jueza Heredia condenó a Álvaro Uribe Vélez a 144 meses de prisión (12 años), una multa de 2.420 SMLMV y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por 8 años y 4 meses. Aunque le otorgó el beneficio de casa por cárcel, condicionó su efectividad al pago de una caución equivalente a cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes. El fallo consideró a Uribe como el determinador del ofrecimiento de beneficios y asesorías jurídicas a falsos testigos, con el fin de que incriminaran al senador Iván Cepeda, su opositor político.
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El Tribunal Superior de Bogotá tendrá hasta octubre de 2025 para resolver la tutela. Si la segunda instancia ratifica el fallo, las partes podrán acudir a la Corte Suprema de Justicia, que tendrá cinco años para decidir definitivamente.
