El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció este lunes una nueva estrategia migratoria que busca reducir el número de extranjeros que exceden el tiempo autorizado de estadía en el país. La medida obliga a ciertos solicitantes de visas B-1 y B-2 para negocios o turismo a depositar una fianza que puede oscilar entre 5.000 y 15.000 dólares como condición para la aprobación del visado.
Esta política revivida, que ya había sido planteada en 2020 pero no se implementó por completo debido a la pandemia, tiene como objetivo presionar a los gobiernos de países con altas tasas de permanencia ilegal para que mejoren sus procesos de verificación de identidad y antecedentes de sus ciudadanos. Según cifras oficiales, en 2023 más de medio millón de personas permanecieron en el país más allá del periodo permitido por su visa.
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Aunque aún no se ha revelado la lista oficial de países que deberán cumplir con esta exigencia, se estima que serán aquellos con antecedentes de incumplimiento migratorio. En la versión anterior del programa, la restricción recayó sobre países africanos y de Medio Oriente como Afganistán, Irán, Siria, Sudán, Liberia y Myanmar.
Solicitantes que cumplan con los requisitos recibirán reembolso al abandonar el país
El documento oficial establece que los solicitantes que cumplan con las condiciones de su visa recibirán el reembolso completo de su depósito al abandonar el país dentro del plazo autorizado. En caso contrario, el monto será retenido para cubrir eventuales costos derivados de su deportación.
Además de esta fianza, el Gobierno estadounidense también planea implementar a partir de 2026 una “tarifa de integridad” de 250 dólares aplicable a la mayoría de visas de no inmigrantes, lo que encarecerá notablemente los procesos de solicitud para turistas, estudiantes y trabajadores temporales.
Expertos en migración y defensores de derechos humanos han cuestionado la medida por considerar que establece barreras económicas discriminatorias y desproporcionadas para ciudadanos de países en desarrollo. También señalan que podría afectar negativamente el turismo internacional y las relaciones diplomáticas con algunas naciones aliadas.
La Casa Blanca, por su parte, sostiene que estas acciones son necesarias para proteger la seguridad nacional y asegurar que los visitantes temporales respeten las condiciones de su estadía. La lista definitiva de países que estarán sujetos al programa piloto será publicada el 5 de agosto, dos semanas antes de su entrada en vigor.
