El Ministerio del Trabajo lanzó una fuerte advertencia este miércoles frente a las denuncias que señalan que algunas empresas estarían obligando a sus empleados a participar en la marcha convocada para este 7 de agosto, organizada por sectores que respaldan al expresidente Álvaro Uribe, recientemente condenado en primera instancia por un juzgado penal de Bogotá.
Según la cartera laboral, han comenzado a recibirse reportes de trabajadores que afirman haber sido presionados o amenazados con represalias laborales si no asisten a la movilización. Frente a estas alertas, el Ministerio anunció que desplegará acciones inmediatas de inspección, vigilancia y control en las empresas señaladas de vulnerar los derechos de sus empleados.
“Rechazamos cualquier presión indebida sobre trabajadores o trabajadoras para asistir a manifestaciones políticas. Ninguna causa, por legítima que sea, puede justificar el constreñimiento laboral ni la coacción ideológica dentro del entorno de trabajo”, indicó el Ministerio en un comunicado oficial.
MinTrabajo recordó que la protesta social es libertad de expresión
La entidad recordó que tanto la protesta social como la libertad de expresión están protegidas por la Constitución, pero advirtió que esos derechos no pueden convertirse en excusa para atropellar otras garantías, como la libertad de conciencia y la autonomía individual de los trabajadores.
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En su pronunciamiento, el Ministerio también invocó el artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo, que prohíbe expresamente imponer creencias políticas o religiosas en el ambiente laboral, y reiteró que cualquier tipo de amenaza o sanción derivada de la no participación en eventos políticos constituirá una falta grave, susceptible de sanciones administrativas.
Finalmente, el gobierno invitó a los ciudadanos a reportar cualquier tipo de abuso o imposición ideológica ante las autoridades competentes, asegurando que “quienes trabajan están protegidos por la ley, sin importar su posición frente a las movilizaciones”. El mensaje fue claro: el respeto por los derechos laborales debe mantenerse incluso en medio de tensiones políticas o coyunturas judiciales sensibles.
