La reciente condena judicial contra Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, ha generado una ola de reacciones políticas y sociales que se traducirá este miércoles en una serie de marchas convocadas en su respaldo. Las manifestaciones, impulsadas por el partido Centro Democrático, buscan expresar el descontento de un sector de la ciudadanía con el fallo emitido por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, que sentenció a Uribe a 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno en actuación penal.
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La fecha elegida para las movilizaciones no es casual. El 7 de agosto es una jornada simbólica para la historia colombiana: se conmemora la Batalla de Boyacá y tradicionalmente marca el día de posesión presidencial. En esta ocasión, será también una vitrina de respaldo político al líder del uribismo, a menos de un año de las elecciones presidenciales de 2026.
En Cali la marcha comenzará a las 10:00 am
En Cali, la convocatoria está programada para iniciar a las 10:00 de la mañana en el Parque Panamericano, desde donde los manifestantes se dirigirán hacia la Plazoleta Jairo Varela. En Bogotá, el punto de encuentro será el Parque Nacional, con destino a la Plaza de Bolívar; mientras que en Medellín, bastión histórico del uribismo, la marcha comenzará a las 9:00 a. m. en la Avenida Oriental con La Playa.
“El caso del presidente Uribe evidencia que necesitamos una justicia imparcial. Esta marcha es por el respeto a los derechos y al debido proceso”, señaló el representante Christian Garcés, uno de los líderes de la convocatoria en el Valle del Cauca.
La condena contra Uribe, además de la pena privativa de libertad, incluye una multa superior a los 2.000 millones de pesos y una inhabilidad para ejercer cargos públicos durante más de ocho años. Su defensa ha alegado irregularidades en el proceso judicial y anunció que apelará el fallo antes del 13 de agosto, fecha límite establecida por la jueza Sandra Heredia.
El Tribunal Superior de Bogotá, entretanto, negó la solicitud de libertad provisional del exmandatario mientras se estudia una tutela interpuesta por su equipo legal, lo que significa que Uribe continuará bajo detención domiciliaria mientras el proceso sigue su curso.
Para muchos, la movilización del 7 de agosto será una medida de presión política; para otros, una expresión legítima de respaldo a un líder que, pese a la controversia, sigue teniendo una sólida base de apoyo en distintos sectores del país.
