En un nuevo capítulo judicial que sacude a la política del Caribe colombiano, el empresario Julio Gerlein Echavarría y dos de sus abogados fueron imputados por la Fiscalía General de la Nación por el delito de soborno en actuación penal. De acuerdo con el expediente, los procesados habrían intentado comprar el silencio de la exparlamentaria Aida Merlano, quien es testigo clave en procesos relacionados con compra de votos.
La investigación, revelada por Caracol Radio, señala que Gerlein, a través de Teodoro Antonio Deyongh y Diego Luis Muñetón, habría hecho llegar a Merlano una oferta inicial de $3.000 millones, que luego se elevó a $3.500 millones, para que no entregara información comprometedora sobre presuntos aportes ilícitos a campañas políticas, incluidos beneficios para el exsenador Arturo Char. El intento de soborno se habría materializado durante visitas a la cárcel El Buen Pastor, donde Merlano cumplía condena, y mediante una carta que ofrecía además $500 millones adicionales para gastos médicos y honorarios legales.
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El fiscal 104 delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, Daniel Hernández, formalizó la imputación contra Gerlein como presunto determinador del delito, mientras que los abogados enfrentan cargos por falso testimonio y coautoría de soborno. Ninguno de los tres aceptó los señalamientos.
Procesos antiguos de Gerlein reviven con este nuevo caso
Las pesquisas también reviven antiguos procesos que rodean a Gerlein, acusado en 2018 de corrupción al sufragante. En ese caso, la Fiscalía halló evidencias de millonarios aportes a la campaña de Merlano, presuntamente canalizados mediante cheques y endosos irregulares desde la empresa Valorcom S.A.S., fundada por el propio Gerlein. Documentos y testimonios indican que más de una veintena de empleados habrían aparecido como beneficiarios ficticios de pagos que finalmente habrían nutrido la maquinaria electoral.
Con esta nueva imputación, el empresario enfrenta ahora un doble frente judicial que podría definir su futuro penal. Aida Merlano, por su parte, continúa siendo una pieza clave para las investigaciones que buscan esclarecer la magnitud de la red de compra de votos en la Costa Caribe.
