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Procuraduría pide absolución de Álvaro Uribe por “errores graves” en fallo

Según la entidad, debieron conducir a su absolución.

La Procuraduría General de la Nación presentó ante la Corte Suprema de Justicia un concepto en el que pide revocar la condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, alegando que el fallo de primera instancia adoleció de errores sustanciales en la apreciación de la prueba y en la aplicación de normas penales.

De acuerdo con el análisis del Ministerio Público, el tribunal que emitió la sentencia incurrió en una observación deficiente y subjetiva de los elementos probatorios, lo que condujo a una interpretación errónea de figuras como la “determinación” de conductas delictivas (artículo 30 del Código Penal) y de disposiciones sobre tipicidad (artículos 10, 444A y 453). Además, según la Procuraduría, se omitió aplicar el artículo 7 de la Ley 906 de 2004, que establece principios esenciales del debido proceso penal.

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En su pronunciamiento, la entidad concluye que no se probó, más allá de toda duda razonable, que Uribe tuviera el conocimiento y el grado de participación exigibles para atribuirle responsabilidad como determinador en los episodios objeto de investigación. El escrito advierte que la sentencia condenatoria no examinó con suficiente profundidad este aspecto para cada uno de los hechos imputados, omisión que considera determinante para el sentido del fallo.

Cuestionamientos al análisis de cada episodio

La Procuraduría también llamó la atención sobre la ausencia de un estudio individualizado de las conductas atribuidas. Según su valoración, el tribunal trató los hechos de manera global, sin entrar a analizar las particularidades y contextos de cada uno, lo que habría afectado la claridad y la solidez de la decisión judicial.

Con este concepto, el Ministerio Público respalda la tesis de la defensa, que desde el inicio del proceso ha sostenido que la condena carece de sustento probatorio y que el expresidente debía ser absuelto. La Corte Suprema de Justicia deberá ahora resolver si mantiene la condena o acoge la solicitud de absolución, una determinación que podría tener un alto impacto político y jurídico en el país.

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