El precio del arroz en Colombia podría enfrentar un aumento considerable en los próximos días, alertan empresarios del sector, debido a recientes decisiones del Ministerio de Agricultura bajo el gobierno del presidente Gustavo Petro. La medida surge en medio del paro arrocero y busca mejorar los ingresos de los productores, en un contexto de sobreoferta y demanda controlada.
La Cámara Induarroz de la ANDI advierte que la resolución emitida por el Ministerio somete al arroz paddy verde al régimen de libertad regulada, lo que, según cifras de Fedearroz, implicaría precios mínimos de compra hasta un 17% más altos que los actuales de mercado, dependiendo de cada municipio. Para el gremio, este ajuste desconoce las prácticas comerciales y dinámicas propias del sector en distintas regiones del país.
Además, la ANDI señala que la medida podría derivar en un alza inmediata del precio del arroz blanco para los consumidores, golpeando con más fuerza a los hogares de bajos ingresos. Asimismo, existe el riesgo de que genere incentivos para aumentar las siembras, lo que agravaría la sobreoferta, ya que las condiciones de comercialización serían más favorables que las vigentes al momento de las últimas decisiones de siembra.
Otro punto de preocupación es la posible pérdida de competitividad frente a las importaciones, en un mercado global caracterizado actualmente por excedentes de grano. Además, podría incentivarse la informalidad en la cadena productiva y desencadenarse desequilibrios estructurales que amenacen la sostenibilidad del sector arrocero colombiano.
Contexto: un récord histórico de siembra
El problema se originó en 2024, cuando en Colombia se sembraron 631.000 hectáreas de arroz, un récord histórico que derivó en la mayor cosecha registrada. Esto ocurrió mientras el mercado internacional también enfrentaba una sobreoferta, lo que provocó una reducción de cerca del 30% en los precios internacionales del cereal.
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Para la ANDI, cualquier medida en este momento debería cumplir con un doble objetivo: garantizar la absorción de toda la cosecha, minimizando impactos negativos en los agricultores, y proteger a los consumidores de aumentos artificiales en el precio. En ese sentido, el gremio pide que las políticas públicas mantengan un equilibrio que evite profundizar la crisis del sector y que, al mismo tiempo, no comprometan el acceso de las familias a un producto básico de la canasta alimentaria.
